La utilización de miembros de la fuerza del orden público para el servicio exclusivo de particulares, forma parte de una cultura que debe ser erradicada, si se aspira a que República Dominicana mejore sus índices de seguridad ciudadana.
Así opinó el presidente de la Fundación de Militares Constitucionalistas, Andrés Fortunato Victoria, quien considera que tanto los militares como los miembros del cuerpo del orden precisan dedicarse al cumplimiento de sus funciones en el servicio de la nación, para así contribuir con una efectiva aplicación de políticas públicas que garanticen la convivencia
pacífica en el país.
“Tener militares o agentes del cuerpo del orden bajo las órdenes de personas particulares, asumiendo tareas domésticas o de seguridad privada, desvirtúa la función a la que están llamados a cumplir y violenta el derecho establecido en la Constitución de garantizar el orden público para todos los ciudadanos”, reveló.
Fortunato Victoria, además se refirió al conflicto que enfrenta una prestigiosa firma de abogados, donde su actual socio gerente utilizó la fuerza militar.
“En el conflicto Pellerano y Herrera, el hermano militar está violando la dignidad a su hermano, reprimiéndole como si fuera un dictador, es una reminiscencia del trujillismo, donde el militar se impone al civil”, afirmó.
Expuso que “el derecho civil establece la forma y el manejo de las herencias y debe ser llevado cualquier conflicto ante un tribunal y el tribunal es que está encargado de decir quién es que tiene la razón y ahí el poder civil está por encima del poder militar, porque esta es una República donde el artículo 4 de la Constitución establece que nosotros vivimos en un régimen de manera que los civiles dominen el país y la justicia y que el poder militar por debajo del civil.
“La Carta Magna en su artículo 8 es clara al establecer que es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas.”, agregó Victoria.
De igual manera recomendó al hermano Pellerano acudir justicia porque es la entidad que debe dilucidar el caso.
Indicó además que tener a disposición “una especie de escuadrón privado”, representa un peligro para la convivencia ciudadana y la correcuta aplicación de las leyes en República Dominicana, por lo que hace un llamado para corregir esta mala práctica en general.