Un medio revela que la presidenta de Perú, Dina Boluarte, denunció al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, lugar donde trabajó, exigiendo un pago de más de 110.000 dólares.
La controversia surge porque empezó a reclamar estos beneficios como si fuera una trabajadora sindicalista, algo que nunca existió por incompatibilidad con su cargo.
La Justicia le dio varias veces la razón a Boluarte, pero la entidad demandada apeló a la Corte Suprema al considerar que no se ajusta a la Ley.