La Haya.- La Corte Internacional de Justicia (CIJ) urgió este viernes a Caracas a “abstenerse” de tomar “cualquier acción que modifique” la situación del territorio al oeste del río Esequibo motivo de disputa con Guyana, o que pueda “agravar o prolongar” este litigio ante el tribunal, frente al referendo que Venezuela prevé celebrar este domingo.
En respuesta a la solicitud de medidas provisionales por Guyana después de que Venezuela anunciara la celebración del referendo, la CIJ instó a Caracas a “abstendrá de tomar cualquier acción que modifique la situación que actualmente prevalece en el territorio en disputa, a la espera de una decisión final sobre el caso” en este tribunal de la ONU.
La CIJ busca evitar la tensión sobre el Esequibo
La CIJ no pidió directamente a Caracas cancelar la celebración de ese referendo previsto para el domingo, pero sí urgió al gobierno de Nicolás Maduro a “no agravar la disputa entre ellos” y recordó que sus fallos “tienen efecto vinculante y, por lo tanto, crean obligaciones jurídicas internacionales”
Además, acordó en un fallo por unanimidad de todos los jueces que “ambas partes se abstendrán de realizar cualquier acción que pueda agravar o prolongar el litigio ante el tribunal o dificultar su resolución”, y cree que existe “un riesgo real e inminente” de que Caracas tome otras medidas después del plebiscito.
Durante la lectura del fallo, la CIJ consideró que, “a la luz de la fuerte tensión que caracteriza actualmente las relaciones entre las partes, las circunstancias mencionadas presentan un grave riesgo de que Venezuela adquiera y ejerza control y administración” del territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo en disputa en este caso.
“La Corte concluye que existe un riesgo de perjuicio irreparable al derecho reclamado por Guyana en el presente procedimiento que la Corte ha considerado plausible. La Corte considera además que Venezuela expresó su disposición a tomar medidas con respecto al territorio en disputa en cualquier momento después del referendo”, señaló.
Las posturas encontradas entre Venezuela y Guyana
Caracas reconoce como único instrumento legal para resolver esta controversia el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966 con Reino Unido (antes de la independencia guyanesa), y que establece bases para una solución negociada, pero esas negociaciones se extendieron durante más de dos décadas sin resultados y Guyana busca una solución a través de la CIJ.
Guyana advirtió de que el referendo “está diseñado para obtener un mandato popular abrumador para que el gobierno (venezolano) rechace la competencia de la Corte e impida un fallo futuro de la Corte” y alertó de que Venezuela busca “anexar e incorporar a su territorio la región del Esequibo de Guyana”, y “otorgar la nacionalidad venezolana a su población”.
Venezuela reclama la región de Esequibo, alrededor del 70 % del territorio de Guyana, incluidas las reservas de petróleo en alta mar, con el argumento de que el laudo arbitral de 1899 es nulo y sin efecto debido a que “afectó fraudulentamente 159.500 kilómetros cuadrados del territorio” de la Guayana Esequiba, como la llama el Gobierno de Maduro.
En 2018, Guyana, antigua colonia británica, interpuso una demanda contra Caracas en la CIJ para resolver la disputa territorial entre ambos Estados sobre la región del Esequibo, y el pasado abril, la CIJ se declaró competente para pronunciarse sobre el caso, lo que fue en un golpe a Caracas, puesto que había intentado que se declarara “inadmisible” este caso.
La reacción de Venezuela al fallo
El Gobierno de Venezuela celebró este viernes que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) no ordenara la suspensión del referendo que el país va a celebrar este domingo.
“En lo concreto, fueron desechadas las solicitudes de Guyana”, dijo frente a periodistas la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, dos horas después de que la CIJ pidiera a Venezuela abstenerse de tomar “cualquier acción que modifique” la situación de la zona bajo pleito, controlada y administrada por Guyana.
Rodríguez recordó que Guyana había pedido a la Corte suspender el referendo, que no tendrá carácter vinculante, o modificar algunas de sus interrogantes, especialmente la que pregunta a los venezolanos si están o no de acuerdo con anexionar al mapa nacional el territorio en disputa.