Santo Domingo.- El Director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Lcdo. Rodolfo Valentín Santos presentó los resultados obtenidos durante el año 2023, destacando el impacto positivo de las decisiones favorables para las personas en conflicto con la ley penal y el compromiso del Poder Judicial hacia una justicia restaurativa, humana y garante del debido proceso.
En el año 2023, la ONDP logró: 2,050 Autos de No Ha Lugar, reflejando la revisión exhaustiva de casos y demostrando un enfoque crítico y garantista en la aplicación de la ley; 2,644 Descargos, resaltando la efectividad de la defensa legal proporcionada por la Oficina Nacional de Defensa Pública; 195 Suspensiones Condicionales del Procedimiento, enfatizando la voluntad de buscar alternativas justas y equitativas en la resolución de conflictos; 8,164 Visitas Carcelarias, subrayando el compromiso de la Defensa Pública con la dignidad y los derechos humanos de las personas privadas de libertad; y 12,130 Visitas a Destacamentos Policiales, mostrando una presencia activa en todas las etapas del proceso penal, desde la detención hasta la liberación.
El Director de la Oficina Nacional de Defensa Pública afirmó: «Desde la Defensa Pública, como parte del Sistema de Justicia, estamos comprometidos a garantizar la dignidad, accesibilidad, justicia oportuna y las garantías establecidas en la Constitución de la República Dominicana.»
Éxito Colectivo y Compromiso Continuo:
Estos resultados revelan el éxito de los esfuerzos colectivos para consolidar un Estado de Derecho robusto, enfocado en la justicia restaurativa y humana. La Oficina Nacional de Defensa Pública continuará trabajando incansablemente para asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a una representación legal adecuada y que se respeten los principios fundamentales de justicia en el sistema judicial de la República Dominicana, expresó Rodolfo Valentín.
La Defensa Pública es una institución que ofrece servicios legales gratuitos mediante un cuerpo de abogados altamente calificados. Estos profesionales se dedican a representar a personas privadas de su libertad o vinculadas a procesos judiciales, que carecen de recursos económicos para costear un abogado o que, por cualquier causa, no disponen de uno.