SANTO DOMINGO.- Participación Ciudadana expresó que apoya la propuesta del presidente Abinader de convocar a la Asamblea Nacional para conocer de varias modificaciones a la Constitución de la República, sin embargo considera que las propuestas deben ser discutidas cuidadosamente, consultadas con todos los sectores y decididas en el orden de fortalecer la democracia dominicana, más allá de los intereses particulares.
En relación a la reunificación de las elecciones, la entidad afirmó que favorece la vuelta a lo establecido en la reforma del 1994, de separación de dos años entre las municipales y congresuales por un lado y las presidenciales por el otro. «Entendemos que hoy, más que nunca, sigue siendo importante reducir el nivel de arrastre, para mejorar la independencia de los gobiernos locales y del propio Poder Legislativo».
«El actual modelo de separación de tres meses en el mismo año ha fracasado, primero porque no disminuye el arrastre, más bien lo aumenta, segundo porque la concentración de tanto trabajo en un período tan corto agrega riesgos en los aspectos administrativos y logísticos de la Junta Central electoral, así como en las decisiones del Tribunal Superior Electoral, que pueden afectar seriamente ambas elecciones, como ocurrió en el 2020», señaló PC.
Señaló que los señalamientos en cuanto al costo y el esfuerzo que conlleva celebrar elecciones cada dos años, primero no deben ser el aspecto prioritario a tomar en cuenta, frente a la necesidad de fortalecer los gobiernos municipales y, segundo, pueden ser subsanados con efectivas medidas para reducir los tiempos de campaña a solo tres meses y hacer cumplir las disposiciones de las
leyes electorales..
Participación Ciudadana también indicó que apoya la propuesta de reducir la matrícula de diputados a un tope máximo de 110, sobre la base de circunscripción territorial, no sujeto al aumento poblacional.
Con respecto a los 20 diputados por votación acumulativa a nivel nacional, «debe quedar claro que los mismos se distribuirían solo entre los partidos que no logren representación congresual
y obtengan más del 1% de los votos. Esto permitiría la entrada al Congreso Nacional de ciudadanos y ciudadanas que, siendo minoría, pueden hacer importantes aportes al país y dar
oportunidad a la diversidad».
«Sabemos que esta reducción de la cantidad de diputados va a crear y ya está creando, cierto rechazo de algunos representantes de los partidos políticos que se benefician de la actual situación, pero aspiramos a que esta propuesta del presidente sea respaldada porque es una de las que cuenta con mayor apoyo popular, ha sido un reclamo nacional por mucho tiempo y sería un gesto de desprendimiento y un paso de avance muy significativo en el orden de la reducción de los gastos y beneficios que actualmente disfruta este sector», añadió PC.
Participación Ciudadana propone, además, revisar el artículo 27 de la Constitución sobre la participación del país en los parlamentos internacionales, con la finalidad de establecer requisitos
que permitan excluir a la República Dominicana del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), para evitar el gasto innecesario y sobre todo el refugio de los funcionarios corruptos bajo el
manto de la inmunidad parlamentaria.
En cuanto a la independencia de la Procuraduría General de la República, Participación Ciudadana entiende que la propuesta del presidente Abinader reúne dos factores que podrían contribuir al objetivo que se persigue. Estos son: que el presidente de la República proponga a la persona y que el Consejo Nacional de la Magistratura lo designe. Se reduce de esta manera el nivel de discrecionalidad pues el presidente deberá proponer a alguien que sea aceptable para la mayoría del Consejo.
El Segundo factor es que la persona propuesta no haya ocupado cargo directivo en partido alguno, no haya sido candidato a algún cargo de elección popular ni haber realizado proselitismo político notorio y constante durante los últimos cinco años anteriores a su designación. También apoyamos la propuesta de exclusión del Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura.
Sin embargo, Participación Ciudadana no está de acuerdo con la reducción a dos años de la inamovilidad del Procurador General, ya que esto pone en riesgo su independencia y permitiría que pueda ser removido de su cargo a los dos años, como castigo a quien no resulte conveniente a los intereses del Poder Ejecutivo o de otros sectores. «La inamovilidad de jueces y fiscales es la columna vertebral de la independencia del Poder Judicial, por lo que debe ser lo más amplia posible, al menos por 4 años y solo destituible por juicio político».