Santo Domingo.- El presidente de la República, Luis Abinader, informó este lunes que el avión confiscado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en territorio dominicano, vinculado al Gobierno de Nicolás Maduro, no estaba registrado a nombre del estado venezolano, sino de un particular.
Durante su participación en «La Semanal con la Prensa», el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, aclaró que ni el gobierno dominicano ni el Ministerio Público participaron directamente en la investigación llevada a cabo por Estados Unidos. Álvarez indicó que la intervención se limitó a facilitar la cooperación internacional requerida por las autoridades estadounidenses.
El avión, propiedad de personas cercanas a Nicolás Maduro, fue inmovilizado en el país en respuesta a una solicitud de cooperación jurídica internacional. Según Álvarez, en mayo de este año, el Ministerio Público recibió una solicitud formal de Estados Unidos para inmovilizar la aeronave como parte de una investigación criminal relacionada con actividades de fraude, contrabando y lavado de activos. La aeronave se encontraba en la República Dominicana para mantenimiento debido a la alta calidad de los servicios disponibles en el país. Posteriormente, el 22 de mayo, el Ministerio Público obtuvo una orden judicial que autorizó la inmovilización del avión.
“El Ministerio Público tiene autonomía y estos son los asuntos en los que el Gobierno Central no opina”, aclaró Álvarez, añadiendo que tanto el presidente Luis Abinader como él mismo se enteraron de esta solicitud solo cuando recibieron la nota formal transmitida al Ministerio Público.
Por su parte, el presidente Abinader reafirmó que la aeronave no pertenecía al Gobierno venezolano, sino que estaba registrada a nombre de un particular. Subrayó que el Ministerio Público actuó conforme a las leyes nacionales e internacionales al ejecutar la orden de inmovilización y colaborar con las autoridades estadounidenses.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos confirmó la confiscación del avión en una operación llevada a cabo en la República Dominicana. Según el fiscal general de Estados Unidos, Merrick B. Garland, la acción se fundamentó en las violaciones a las sanciones impuestas a Venezuela. El avión, valorado en 13 millones de dólares, fue incautado y posteriormente transferido a Florida. Garland denunció que la aeronave fue adquirida ilegalmente a través de una empresa fantasma y sacada de contrabando de los Estados Unidos para ser utilizada por Nicolás Maduro y sus asociados.