Al celebrarse este viernes 20 de septiembre el 16 aniversario de la creación del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL), es de notar que pese a ser uno de los últimos países de América Latina y el Caribe en aprobar una Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el año 2000 (Ley 64-00), hoy en día República Dominicana es uno de los países en vías de desarrollo que lidera la acción climática.
Ese liderazgo se destaca tanto en el desarrollo de proyectos para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, así como en las acciones para la adaptación a los efectos negativos del cambio climático, lo que resulta clave para el país.
Como parte de esas medidas, el CNCCMDL obtuvo la aprobación del Plan de Inversión para los 34 millones de dólares (unos 2,000 millones de pesos dominicanos) que destinarán los Fondos de Inversión para el Clima (CIF) para proteger la cuenca alta, media y baja del río Yuna, lo que asegurará la producción de agua, la gestión adecuada del riego agrícola y la reducción de las inundaciones en el entorno de este importante afluente. Este proyecto será implementado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El mismo CIF también aprobó 85 millones de dólares (unos 5,100 millones de pesos dominicanos) a través de su programa de Aceleración de la Transición del Carbón, promovido por Consejo Nacional para el Cambio Climático de la mano con el Ministerio de Energía y Minas, para reducir de manera progresiva, la participación de las plantas de carbón en la generación de energía eléctrica en el país.
Este financiamiento está alineado con la adhesión de República Dominicana a la Alianza para Impulsar la Superación del Carbón (PPCA, por sus siglas en inglés), la cual lideran Reino Unido y Canadá y que resulta clave para asegurar que no se construyan nuevas plantas eléctricas a carbón y se complete una transición justa y ordenada.
Este proceso seguirá siendo apuntalado, luego de que el CNCCMDL logró la admisión del país como uno de los 4 miembros piloto del programa de Aceleración de la Transición Energética (ETA, por sus siglas en inglés), iniciativa público-privada que podría movilizar 72,000 y 207,000 millones de dólares en financiación de transición energética justa para el año 2035.
Este programa lo lidera el Gobierno de Estados Unidos junto con la Fundación Rockefeller y el Fondo Bezos Earth (del fundador de Amazon, Jeff Bezos), con el apoyo de Winrock International y el Banco Mundial. También participan grandes corporaciones globales como Amazon, Bank of America, Boston Consulting Group, Mastercard, McDonald’s, Morgan Stanley, PepsiCo, Salesforce, Schneider Electric, Standard Chartered Bank, Trane Technologies y Walmart.
Una las políticas climáticas que ha priorizado la República Dominicana a través de su Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, por sus siglas en inglés) es la protección de la niñez ante los efectos del cambio climático.
La estrecha colaboración del CNCCMDL y la organización Save The Children permitió determinar un mapa de actores relevantes de la sociedad civil y organizaciones comunitarias para la niñez y la infancia, que llevó a establecer una Política de Cambio Climático y Niñez para República Dominicana.
A partir de esa política, el Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Fondo de Naciones Unidas para la Niñez y la Infancia (Unicef) firmaron un acuerdo de colaboración que permitirá realizar, en el país, el estudio “Situación de la infancia frente al cambio climático, la degradación ambiental, la energía y la reducción de riesgos de desastres”, en el que también participan el Consejo Nacional para la Niñez (Conani), y el Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia (Inaipi).
Además, se estableció el acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Educación y el de Energía y Minas, con la veeduría del CNCCMDL, para instalar paneles solares en los techos de más de 400 planteles escolares en todo el país, lo que permitirá que todas las escuelas y liceos tengan energía eléctrica.
A la fecha, esos paneles están en proceso de conexión y puesta en funcionamiento en más de 200 planteles escolares y, además de poder alimentar lámparas, bombillos, abanicos y computadoras, podrán suministrar energía eléctrica a los entornos comunitarios, especialmente, los fines de semana y feriados.
Otro proyecto de electrificación comunitaria a partir de paneles solares es el que se desarrolla en Bohechío (San Juan), Padre Las Casas (Azua), La Guázara (Barahona), El Firme (Duarte) y Jacagua (Santiago), donde pequeñas estaciones de paneles solares facilitarán el bombeo de agua para uso doméstico y riego agrícola, lo cual mejora la calidad de vida e impulsa el desarrollo económico y social de esas localidades.
Este proyecto es financiado por la Unión Europea a través del Centro de Cambio Climático para los Países del Caribe (CCCCC, por sus siglas en inglés), que también financió la adquisición de tres estaciones hidrometeorológicas que fueron entregadas, en 2022, a la Oficina Nacional de Meteorología, hoy Indomet, para mejorar la capacidad de observación y monitoreo de las condiciones del tiempo en el país, así como facilitar la prevención y gestión de riesgos.
Precisamente para la prevención y gestión de riesgos, el Consejo Nacional para el Cambio Climático, como punto focal del país en la Coalición para el Desarrollo de Infraestructuras Resilientes (CDRI), logró que esa organización financie el desarrollo de una herramienta tecnológica que mejore las capacidades del Centro de Operaciones de Emergencia y los otros organismos del Estado, para emitir y difundir alertas de posibles inundaciones u otros desastres, de manera directa e instantánea a toda la población.
Este proyecto está siendo financiado por la CDRI a través de su programa para la Infraestructura para Estados Insulares Resilientes (IRIS), el cual también está financiando, en paralelo, la iniciativa de “Fortalecimiento de las capacidades, la seguridad y la resiliencia de las infraestructuras críticas en la República Dominicana, Cuba y Haití”, que formará una red de 45 profesionales formados y certificados en evaluación de la seguridad y la resiliencia de las infraestructuras educativas y de abastecimiento de agua.
Ambos proyectos están valorados en medio millón de dólares cada uno, fondos no reembolsables que son aportados directamente a las instituciones implementadoras, como la Defensa Civil, el Indrhi, la Onesvie, entre otras. La iniciativa se alinea con el Decreto Presidencial 603-23, que crea la Comisión de Supervisión de Infraestructuras Públicas ante el Cambio Climático.
Otra entidad que está fortaleciendo las capacidades técnicas del país en temas vinculados al cambio climático, es la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo” (AECID), que a través del Proyecto “Generación de Capacidades en la Administración Pública para la Construcción de Resiliencia Climática en los Sectores y Servicios Claves para la Población”, con un financiamiento no reembolsable superior a los 100,000 euros que permitió desarrollar el sistema de monitoreo y evaluación para registrar los avances de los proyectos nacionales de adaptación al cambio climático.
Todas estas iniciativas, vinculadas entre sí, muestran la visión integral y holística de República Dominicana ante el cambio climático y sus efectos, lo que explica que el país esté robusteciendo sus capacidades institucionales para gestionar los apoyos financieros internacionales y la organización intergubernamental que lidera el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio.
De hecho, el presidente Luis Abinader fue el primero en convocar una reunión plenaria de las autoridades que forman parte del CNCCMDL, encuentro que se realizó en octubre de 2020 y que tuvo su segunda edición en abril de 2023, en la cual lanzó propuso un gran pacto entre el gobierno, partidos políticos y demás sectores de la sociedad.
El presidente Abinader también emitió tres decretos en los últimos cuatro años para fortalecer el rol institucional del Consejo, el primero fue el 541-20, que convirtió a República Dominicana en el cuarto país de América Latina y el Caribe en contar con un Sistema de Monitoreo, Revisión y Verificación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (Decreto MRV), el cual permite que el país pueda conocer de manera precisa y basado en los estándares científicos globales.
La aprobación de este decreto está alineada con el deber que tiene el país de actualizar su inventario de gases de efecto invernadero (INGEI) y avanzar en la conformación del Sistema Reforzado de Transparencia Climática, el cual es un mandato del Acuerdo de París que facilita el acceso del país al financiamiento internacional y la inserción en los mercados internacionales de carbono.
De hecho, este miércoles fueron presentadas las Guías sobre el Funcionamiento del Marco Nacional Reforzado de Transparencia Climática, las cuales permiten que todas las instituciones vinculadas a dicho sistema conozcan su rol de manera clara y concreta y puedan actuar en concordancia con sus responsabilidades.
Estas Guías fueron desarrolladas gracias al apoyo técnico facilitado por la Iniciativa para la Transparencia de la Acción Climática (ICAT) a través del Consejo Nacional para el Cambio Climático y la Oficina de Naciones Unidas para Proyectos y que contará, además, con otra iniciativa para desarrollar capacidades institucionales que será financiada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo” (AECID) por 250,000 euros (unos 16 millones 750,000 pesos dominicanos).
Otros dos decretos fueron aprobados para afianzar y ampliar las capacidades y el alcance de las labores del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, se trata de los Decretos 165-21 y 348-21, los cuales le asignaron nuevas responsabilidades de coordinación interinstitucional.
El sistema de gobernanza climática de República Dominicana es considerado como un ejemplo a seguir en distintas latitudes, debido a la capacidad de coordinación ágil y directa a lo interno del Gobierno y con sectores de la sociedad civil, la cooperación internacional, el sector privado y las academias. Países como Colombia, México y Honduras han adoptado sistemas similares.