Santo Domingo.- El director del Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados Manuel Meccariello, hizo un llamado a las autoridades dominicanas, solicitando la implementación de reformas urgentes que garanticen la calidad de vida, respeto, inclusión social y seguridad de los adultos mayores en el país.
Meccariello denunció que muchos envejecientes enfrentan barreras fundamentales, como la imposibilidad de acceder a un seguro médico debido a su edad, justo en el momento en que más necesitan atención sanitaria. «Es inaceptable que en nuestro país los envejecientes enfrenten barreras tan básicas como el acceso a un seguro médico por su edad. Justamente cuando más lo necesitan, se les niega el derecho a la salud y a los medicamentos. Esto es una violación a sus derechos fundamentales», declaró.
El director del Observatorio enfatizó la necesidad de políticas públicas que aseguren un cuidado integral para esta población vulnerable. Propuso la creación de programas que garanticen alimentación adecuada, acceso a medicinas, visitas de especialistas a los hogares de aquellos con movilidad reducida, y la creación de centros especializados que puedan asistir a los envejecientes cuando sus familiares se encuentran trabajando.
Meccariello criticó duramente la falta de atención a los envejecientes y calificó como «condenable» que las dificultades médicas propias de la edad se utilicen como excusa para negarles el cuidado necesario. «Después de todo lo que han aportado al país durante toda su vida, lo mínimo que merecen es vivir con dignidad en sus años finales», afirmó.
La población de adultos mayores en la República Dominicana está en crecimiento, alcanzando un 13.2% en 2023 entre los mayores de 60 años, una cifra que seguirá en aumento en los próximos años. Esta situación, según Meccariello, agrava la urgencia de implementar políticas que garanticen su bienestar.
El activista también señaló la necesidad de reformas que ofrezcan una verdadera seguridad social, una planificación urbana que facilite su movilidad y viviendas adecuadas. Asimismo, criticó la situación en las cárceles, donde personas de entre 90 y 102 años deberían estar en centros especializados, no en prisión.
Meccariello concluyó con un llamado a la acción urgente por parte del Estado: «Es un deber moral y social proteger a nuestros envejecientes, aquellos que durante toda su vida han trabajado por el bienestar de la nación».