Puerto Príncipe.- Los menores, víctimas del hambre y la pobreza, están sido reclutados en Haití por bandas armadas en las que son obligados a llevar a cabo actos delictivos y sufren abusos, por lo que las autoridades deben dar prioridad a su protección y reinserción, afirmó este miércoles la organización Human Rights Watch (HRW).
En un informe sobre la situación de estos menores elaborado tras efectuar una visita a Puerto Príncipe en julio pasado, esta ONG alerta de que en los últimos meses centenares de menores en Haití, por no decir miles, se han sumado a los grupos armados, los cuales han intensificado el reclutamiento de estos chicos en respuesta a las operaciones de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití, liderada por Kenia, y la Policía Nacional.
Ante ello, “el gobierno de transición haitiano debería suministrar protección, acceso a bienes y servicios esenciales, en especial a la educación, y posibilidades legales para la readaptación y reintegración” de estos menores, cuyas opciones de sobrevivir eran limitadas y que fueron atraídos por grupos delictivos en los que cometen actividades ilegales y se exponen a graves riesgos, según Nathalye Cotrino, investigadora de la división de Crisis y Conflictos de HRW.
Aunque no hay datos oficiales disponibles, organizaciones humanitarias y de defensa de los derechos humanos estiman que al menos el 30 % de los miembros de las bandas son menores, unos grupos armados que tienen en su poder el 80 % de Puerto Príncipe y su zona metropolitana y que tienen bajo su control a alrededor de 2,7 millones de personas, de ellas medio millón niños, de acuerdo con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Según indicaron algunos de los menores a HRW, el hambre fue el factor principal que les empujó a unirse a las bandas o llevaron a sus familias a permitirles sumarse a ellas, como única forma de conseguir comida, renta y un techo en muchas ocasiones.
Los menores en estas bandas participan en actividades delictivas como extorsión y saqueo e incluso en secuestros y muertes, mientras que las chicas se ven particularmente expuestas a la violencia sexual en el seno de la propia pandilla.
Si rechazan participar en actos delictivos, son maltratados, golpeados o amenazados de muerte, relatan los menores, que también se tienen que enfrentar a la policía y a grupos rivales y de autodefensa.
De enero a junio, la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití (Binuh) ha documentado casos de ejecuciones sumarias y linchamiento de menores.
Aunque agencias de la ONU y entidades locales han lanzado iniciativas para apoyar a los menores antes vinculados a grupos, el Gobierno no tiene una estrategia global al respecto y necesita recursos.
Pero para ello es preciso reforzar el apoyo internacional a iniciativas que incluyan protección de estos menores (en especial mediante el acceso a la educación), vías legales que les permitan abandonar las bandas y acceso a la justicia.
Para Cotrino, “el Gobierno de transición debería dar prioridad a la protección de los menores implicados en actividades de grupos criminales mediante la puesta en funcionamiento de programas específicos de desarme, desmovilización y reinserción, así como un enfoque más amplio, con un mayor apoyo financiero para garantizar su acceso a la educación y otros servicios esenciales”.
En su opinión, “responder a las necesidades urgentes de los menores en el marco de un ambiente protector, como las escuelas, puede contribuir a proveer de apoyo psicosocial, a favorecer la inclusión social y a prevenir el reclutamiento”. EFE