Santo Domingo.- Los jueces del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazaron para el próximo 4 de febrero, a las nueve de la mañana, el juicio de fondo que se sigue al empresario canadiense Antonio Carbone, acusado de un supuesto intento de homicidio contra su exempleado Fernando Arturo Báez Guerrero.
En esa audiencia, los magistrados emitirán su decisión respecto a los incidentes presentados en la jornada de este jueves.
Previo al aplazamiento, los jueces, presididos por la magistrada Claribel Nivar Arias, rechazaron una solicitud de Fernando Arturo Báez Guerrero para que los medios de comunicación fueran retirados de la sala de audiencia. Los magistrados argumentaron que el proceso se encuentra en una etapa no secreta, por lo que los comunicadores pueden estar presentes.
La audiencia, que inició a las nueve de la mañana y concluyó pasadas las seis de la tarde, contó con la representación del inversionista extranjero por parte de los abogados Roberto Rosario Márquez, Otoniel Bonilla y Luis Jiménez Burgos.
Rosario Márquez explicó que el aplazamiento se debió a la extensa jornada del día jueves y precisó que cuenta con los elementos suficientes para demostrar la inocencia del empresario canadiense, quien, en el momento de ocurrir los hechos que se le imputan, se encontraba en Toronto, Canadá.
Enfatizó que a Carbone se le violaron todos sus derechos y que, por esa razón, y por no tener responsabilidad en los hechos que se le atribuyen, el Tribunal Constitucional (TC) anuló la sentencia de 20 años que pesaba en su contra por el mismo proceso.
Indicó que este proceso tiene como objetivo demostrar si en la República Dominicana existe seguridad jurídica para las personas que desean invertir en el país.
«Lo que está en discusión es si en nuestro país prevalece un estado de derecho, donde cada persona, ya sea nacional o extranjero, tenga la oportunidad de disponer de sus recursos para invertirlos en áreas que permitan el desarrollo del país», afirmó el jurista.
El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional está integrado por los jueces Claribel Nivar (quien lo preside), Clara Sobeida Castillo y Yisel Soto Peña.
Por su parte, el Ministerio Público está representado por la procuradora fiscal Yudelky Utato.
La defensa de Fernando Arturo Báez Guerrero está integrada por los abogados Rafael Suárez, César García y Edwin Acosta.
El empresario canadiense ha librado una ardua batalla en los tribunales para demostrar que ha sido víctima de una estafa, mediante la cual lo despojaron de inversiones valoradas en más de 580 millones de dólares, entre las que figuran las empresas Dream Corporation Inc. SRL, Dream Sport, Dream Loto SRL, la Lotería Nacional El Gordo Iberoamericano, 13 casinos, 198 bancas deportivas y 1,500 bancas de lotería.