Este domingo, los ecuatorianos acudirán a las urnas en un contexto marcado por el «conflicto armado interno» que el presidente Daniel Noboa declaró hace un año para combatir a las bandas criminales. Aunque esta medida no ha logrado frenar la violencia y aún no tiene un final claro, se reporta una disminución del 15% en las muertes violentas en 2024, con un total de 6.964, en comparación con las 8.237 de 2023, el año más violento para el país en América Latina. Sin embargo, otros delitos, como los secuestros y las extorsiones, siguen en aumento, manteniendo un alto nivel de inseguridad.
La investigadora del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), Carla Álvarez, destacó que, a pesar de la reducción en los homicidios, no se puede hablar de paz en el país, ya que persisten amenazas y otros delitos. Además, la experta señaló que la declaración de conflicto armado permitió que las Fuerzas Armadas apoyaran a la Policía en tareas de seguridad y control de cárceles, pero esto no ha resultado en una mejora sustancial, especialmente en el sistema penitenciario, que sigue siendo el núcleo de la criminalidad.
Álvarez también señaló que, tras un repunte de la violencia en los últimos meses, enero podría convertirse en uno de los meses más violentos de la historia del país. Consideró que la estrategia del «conflicto armado interno» se ha convertido en un «callejón sin salida» para el Gobierno, ya que no se ha logrado derrotar a las 22 organizaciones criminales que se mencionaron en el primer decreto, lo que impide dar marcha atrás con la declaración.
Además, los estados de excepción impuestos durante el último año, que suspenden derechos como la inviolabilidad del domicilio y la libre circulación, han sido anulados en algunos casos por la Corte Constitucional, que consideró insuficientes las justificaciones del Gobierno para declarar una «conmoción y alarma interna».