San José.- El Gobierno de Nicaragua anunció este lunes que no recibirá en su país al expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), asilado desde febrero de 2024 en la embajada nicaragüense en Panamá tras ser condenado por corrupción y que pretendía salir hacia Managua hoy tras concedérsele un salvoconducto, hasta que no se aclare una posible alerta de Interpol contra él.
La copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, leyó un comunicado de la Cancillería y dijo que el caso de Martinelli se trata de una «situación compleja contradictoria que llama mucho la atención» y que pareciera que se trata de una «trampa» o «emboscada» en contra del expresidente panameño.
«Hemos comunicado a las autoridades panameñas que mientras ellos no resuelvan esta incongruencia, no podemos, como autoridades de un Estado responsable y humanista, aceptar lo que consideramos una emboscada, tanto al ciudadano expresidente, en condición de asilo y refugio en nuestra sede diplomática, quien estaría expuesto a acciones agresivas, como al mismo Gobierno de Nicaragua, a quien se pretende generar un conflicto internacional que ni nos interesa, ni nos incumbe, ni nos pertenece», señaló Managua.
«Denunciamos, por lo tanto, las posiciones y actitudes absurdas de las autoridades de Panamá, posiciones que deberían enmendar de inmediato, ubicándose al lado de la corrección política y humanista», agregó.
Murillo, esposa del copresidente Daniel Ortega, explicó que han «conocido, recientemente, con alarma, acciones violatorias del fuero diplomático y de la condición de asilo de parte de autoridades en distintos países que han asaltado e invadido embajadas, incluso agrediendo físicamente a embajador y secuestrando a asilados»
La crisis en el SICA
En ese sentido dijo que Nicaragua no comprende «por qué las autoridades panameñas han otorgado salvoconducto y casi inmediatamente han emitido una solicitud de alerta roja por acciones criminales a Interpol».
«Esta conducta contradictoria pareciera una trampa legal que pretende complicidades y deslealtades ajenas al comportamiento político coherente con las Convenciones Internacionales, del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua», sostuvo Managua.
En su comunicado, titulado «Nicaragua: respeto a nuestro pueblo y Gobierno», Managua también acusó al Gobierno de Panamá de caracterizarse, «desde que asumió el presidente José Raúl Mulino Quintero, por desconocer, difamar y actuar contra el Gobierno de Nicaragua, en inmerecidas declaraciones ofensivas».
«Y además, bloquear, en complicidad con otros países, el derecho de Nicaragua al asiento que nos corresponde legítimamente en la Secretaría General del SICA», continuó.
«En coherencia con nuestra vocación de buena vecindad y de correcta interpretación y aplicación de las legislaciones, convenciones y el Derecho Internacional, exigimos a las autoridades de Panamá, a su presidente, y a su Ministerio de Relaciones Exteriores, actuar como corresponde, y propiciar relaciones de respeto, entendimiento y hermandad entre nuestros países, porque nuestros pueblos sí saben ser hermanos», concluyó.
La posición de Panamá
La polémica sobre este asunto estalló el domingo, después de que el director de la Policía Nacional de Panamá, Jaime Fernández, aseguró en declaraciones a la prensa que el viernes les había llegado «una alerta Interpol» contra Martinelli, aunque horas más tarde la misma Policía aclaró en una nota que esa alerta solicitada por una jueza panameña estaba en «proceso».
Luego, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá advertía -en otro comunicado- que el salvoconducto concedido el jueves a Martinelli prevalece ante cualquier alerta roja de Interpol, y ya en la noche, la Policía Nacional volvía a emitir otro comunicado, en el que anunciaba que había rechazado incluir en una alerta de Interpol al expresidente debido a su condición de asilado político, por lo que parecía zanjando así el asunto.
Ricardo Martinelli, de 73 años y con una amplia trayectoria empresarial, se refugió en la embajada nicaragüense en febrero de 2024, tras confirmarse su condena de 10 años de prisión y una multa millonaria por el caso ‘New Business’, relacionado con la compra de medios de comunicación con fondos públicos.
El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, informó el pasado jueves de forma sorpresiva que otorgaba un salvoconducto a Ricardo Martinelli por razones «humanitarias», el cual tendría validez entre el 27 y el 31 de marzo.
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