Este viernes, menos de 24 horas después de que el Departamento de Seguridad Nacional anunciara que impediría que estudiantes extranjeros asistir a la universidad más antigua de EEUU y una de las más prestigiosas.
La demanda, y una carta emitida por el Dr. Alan M. Garber, presidente de Harvard, marcaron una dramática escalada en la disputa entre la administración y la universidad. La respuesta contundente y casi inmediata de la universidad demostró que detener el flujo de estudiantes internacionales a Harvard, que atrae a algunos de los académicos más destacados del mundo, desestabilizaría la propia existencia de Harvard.
“Condenamos esta acción ilegal e injustificada”, declaró el Dr. Garber en una carta a la comunidad de Harvard.
“Pone en peligro el futuro de miles de estudiantes y académicos en Harvard y sirve de advertencia a innumerables personas en universidades de todo el país que han venido a Estados Unidos para continuar su educación y cumplir sus sueños”, agregó.
La demanda se produjo tras el anuncio el jueves de la revocación de la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio de Harvard, lo que impide a la universidad matricular estudiantes internacionales. La universidad indicó que también presentará una solicitud de orden de restricción temporal pidiendo a un juez que bloquee inmediatamente la implementación de la acción administrativa.
En la demanda, la universidad acusó a la administración Trump de ejercer una clara represalia contra Harvard por ejercer sus derechos amparados por la Primera Enmienda para controlar la gobernanza, el currículo y la ideología de su profesorado y estudiantes.
“De un plumazo, el gobierno ha intentado eliminar a una cuarta parte del estudiantado de Harvard, estudiantes internacionales que contribuyen significativamente a la universidad y su misión”, afirma la demanda. “Sin sus estudiantes internacionales, Harvard no es Harvard”.
La administración afirmó que Harvard no había cumplido con una lista de demandas enviada el 16 de abril que contenía registros de protestas de cinco años atrás, incluyendo videos de mala conducta y registros de medidas disciplinarias que involucraban a estudiantes internacionales.
La demanda de Harvard también afirmaba que la universidad había estado trabajando para cumplir con la solicitud del 16 de abril, junto con una carta que criticaba a la universidad por no condenar el antisemitismo.
A pesar de la “naturaleza y alcance sin precedentes” de las demandas, que pedían información sobre cada titular de visa de estudiante, alrededor de 7.000 estudiantes en las 13 facultades de Harvard, en un plazo de 10 días hábiles, Harvard había presentado la información requerida el 30 de abril, según la demanda, y también cumplió con una solicitud de seguimiento.
“Sin embargo, el 22 de mayo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) consideró la respuesta de Harvard ‘insuficiente’, sin explicar por qué ni citar ninguna regulación que Harvard incumpliera”, afirma la demanda.
El gobierno de Trump ha justificado sus ataques contra Harvard y otras universidades privadas de primer nivel como un esfuerzo para combatir el antisemitismo y enfrentar los prejuicios liberales en el campus. Durante su campaña, Trump invocó el término “maníacos marxistas” para referirse a la Ivy League.
Tras su investidura, el gobierno de Trump ha intentado utilizar prácticamente todos los recursos del gobierno federal a su disposición para obligar a las universidades, especialmente a Harvard, a someterse a su voluntad. Actualmente existen al menos ocho investigaciones sobre Harvard que abarcan al menos seis agencias federales.
Por otra parte, el gobierno de Trump había intentado utilizar el sistema de estudiantes internacionales del gobierno federal para expulsar a extranjeros del país. Las autoridades de inmigración atacaron a un puñado de activistas estudiantiles pro-palestinos, pero también cancelaron la residencia legal de cientos de estudiantes, lo que generó ansiedad generalizada entre los estudiantes internacionales en universidades de todo el país. (La mayoría de estos estudiantes han recuperado su estatus, pero algunos casos importantes se están llevando a los tribunales).