Santo Domingo.- El Ministerio Público puso en marcha este martes la Operación Jaguar, una amplia ofensiva contra el narcotráfico y otras actividades del crimen organizado, desarrollada en coordinación con la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y con el respaldo del Ministerio de Defensa.
La operación movilizó a 35 fiscales dirigidos por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y contó con la participación de más de 300 agentes, incluyendo 63 miembros de la DNCD, más de 170 efectivos de la Policía Nacional, y unidades especializadas de la Fuerza Aérea y otros organismos castrenses.
Además, la acción contó con el apoyo internacional de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en el marco de una cooperación estratégica para combatir redes criminales transnacionales.
Durante 26 allanamientos simultáneos realizados en los municipios de Cotuí, San Francisco de Macorís y Santiago, las autoridades arrestaron a 10 personas e incautaron una gran cantidad de documentos, equipos electrónicos, armas de fuego, vehículos y dinero en efectivo, tanto en pesos dominicanos como en dólares estadounidenses.
Según el Ministerio Público, la operación busca recolectar evidencias clave que permitan avanzar en la investigación de una presunta red de narcotráfico internacional con vínculos entre México y la República Dominicana. De acuerdo con las autoridades, esta organización también estaría implicada en lavado de activos y sicariato internacional.
“El Ministerio Público posee evidencias sólidas que vinculan a los detenidos con una estructura criminal altamente organizada y peligrosa”, indicaron las autoridades en un comunicado oficial. Asimismo, aseguraron que los objetivos principales de la Operación Jaguar han sido alcanzados y que las investigaciones continuarán hasta lograr la desarticulación completa de la red.
Los objetos incautados están siendo analizados por los fiscales y agentes intervinientes, quienes trabajan en la consolidación de las pruebas para proceder judicialmente contra los implicados.