Ante las inquietudes generadas por la entrada en vigencia de la Resoluciones 05-2025 y 07-2025, la Superintendencia de Seguros aclaró que esta disposición no representa una nueva carga impuesta por el Gobierno, sino que obedece a una actualización técnica de los límites mínimos de cobertura de los seguros obligatorios, tanto para vehículos de motor como para motocicletas.
Estas resoluciones, emitidas en cumplimiento de la Ley 146-02 sobre Seguros y Fianzas, buscan fortalecer la protección de los ciudadanos en caso de accidentes de tránsito, ajustando los montos de indemnización a la realidad económica actual y al creciente costo de servicios médicos, legales y de reparación.
“Se trata de garantizar que el seguro cumpla su función de resguardar vidas y bienes. No es una medida para recaudar, sino para proteger mejor al ciudadano cuando más lo necesita”, sostuvo la Superintendencia.
Diálogo con gremios
La Superintendencia de Seguros de la República Dominicana (SIS) sostuvo una reunión con directivos y líderes de diversas organizaciones de motoconchistas, delivery y transporte en motocicleta, con el objetivo de socializar el contenido y los alcances de la Resolución núm. 07-2025, también emitida recientemente por este organismo regulador.
La reunión, encabezada por el director técnico de la SIS, José de la Cruz e Isaura Peñaló, directora jurídica de la institución, contó con la participación con más de 20 líderes gremiales nacionales y regionales vinculados al transporte en motocicletas; entre ellos Ramón Ramírez, de Coordinamoto; Wilin Pérez, de Fenamoto; Carlos Ramón Amador, de Concemoto; Óscar Almánzar, de Fenamoto; José Ureña, de Coordinamoto; Miladys Santana, de Coordinamoto San Cristóbal; Ho Chi Minh De la Rosa, de Concemoto, entre otros.
Durante el encuentro se escucharon inquietudes, se aclararon dudas y se explicaron los alcances de la nueva disposición, firmada por el superintendente Julio César Valentín Jiminián, que modifica y actualiza los límites mínimos de responsabilidad civil y sus tarifas correspondientes al seguro obligatorio para motocicletas.
Al respecto, De la Cruz expresó que esta medida responde al compromiso del Estado dominicano de asegurar que todas las personas que transiten por las vías públicas estén debidamente amparadas por una póliza de seguros, de modo que, en caso de accidente, puedan recibir la compensación adecuada por los daños sufridos.
“Nos hemos sentado en esta mesa de diálogo siguiendo el lema del superintendente de seguros: escuchar para representar. En este sentido, hemos adoptado medidas que garantizan más protección, al ampliar la cobertura y asegurar que quienes sufran un accidente no queden desprotegidos”, recalcó.
Por su parte, Carlos Amador, coordinador de Concemoto, valoró positivamente el espacio de diálogo promovido por la Superintendencia.
“En representación de nuestros compañeros, presentes en las 32 provincias, agradecemos a todo el equipo de la Superintendencia por esta iniciativa, por escucharnos y por llegar a un acuerdo que nos favorece a todos. Somos un equipo de hombres y mujeres que trabaja cada día y agradecemos que se nos tome en cuenta”, recalcó.
Mayor cobertura y respuesta ante imprevistos
El artículo 3 de la Resolución 07-2025 establece que, para motocicletas de hasta 250 cc, excluyendo a pasajeros, las aseguradoras deberán ofrecer pólizas con límites mínimos de responsabilidad civil de RD 100,000.00 hasta RD 200,000.00, con una prima base de RD$770.00.
La entrada en vigor fue a partir del 8 de julio de 2025 para la emisión de nuevos contratos de seguros, y a partir del 1 de septiembre para las renovaciones de contratos existentes.
De acuerdo con los análisis técnicos realizados con los montos propuestos como límites mínimos, habría cobertura para responder al 95 % de los reclamos originados por este tipo de siniestros, ampliando la capacidad de respuesta ante eventos imprevistos y fortaleciendo la protección de las víctimas de accidentes.
La Superintendencia de Seguros reafirma con esta resolución su compromiso con la protección de los ciudadanos, el fortalecimiento del mercado asegurador y el impulso de políticas públicas que promuevan una mayor seguridad vial y equidad en el acceso a servicios de protección financiera.