Santo Domingo, República Dominicana – La Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland (ADOCEM), que agrupa a las seis empresas productoras de cemento del país, advierte que la modificación de la Ley No. 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, recientemente aprobado en segunda lectura por la Cámara de Diputados, atenta contra la libertad empresarial.
El gremio hace esta afirmación en base a lo que dispone uno de los artículos del proyecto, específicamente el artículo 20, que establece como obligatoria la incorporación de combustibles derivados de residuos nacionales en los hornos cementeros, conocido como coprocesamiento, lo que constituye una grave violación al principio de libertad de empresa, consagrado en el artículo 50 de la Constitución.
La medida obliga a las cementeras a usar un insumo que no está disponible en condiciones viables, creando riesgos reales de monopolios, abusos y distorsión del mercado. Es una amenaza directa a la libre competencia y al funcionamiento justo del sector.
«Imponer este mandato es condenar al sector a depender de un mercado incipiente y no regulado, afectando la competitividad de la industria y encareciendo injustificadamente los costos de producción, con impactos negativos para la economía nacional», afirmó Jorge David Pérez, Presidente de la entidad.
Adocem destaca que esta disposición contraviene además el principio de Responsabilidad Extendida del Productor, establecido en la misma Ley 225-20, que asigna la responsabilidad de la disposición final de los residuos a quienes los generan, no a quienes pueden ofrecer, como las empresas cementeras, soluciones para su disposición final como una alternativa al uso de vertederos.
A nivel internacional las legislaciones más avanzadas promueven esta práctica mediante incentivos, colaboración intersectorial y marcos técnicos viables, nunca mediante la imposición legal.
“Desde ADOCEM reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo del coprocesamiento como una solución ambiental viable y necesaria para el país. Sin embargo, hacemos un llamado a que se revise el contenido del artículo 20, eliminando su carácter obligatorio y construir un marco regulatorio realista, que impulse el uso responsable de residuos, sin afectar la competitividad de un sector clave para el desarrollo económico y social del país”. Concluyó Pérez.