La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia condenó los dos atentados dirigidos contra un helicóptero de la Policía y una base aérea que dejaron al menos 18 muertos y más de medio centenar de heridos.
“Condenamos el ataque indiscriminado con explosivos en Cali, que deja hasta el momento al menos 5 personas civiles muertas y 42 personas heridas”, señaló el organismo en X, antes de que las autoridades confirmaran que la cifra de muertos y heridos en este atentado subió a seis y 65, respectivamente.
La oficina urgió a los grupos armados no estatales “a respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario (DIH), en particular, el principio de distinción” que obliga a diferenciar entre combatientes y población civil para evitar ataques contra personas no involucradas en el conflicto.
“Llamamos al Estado a que atienda a las víctimas y adelante las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y garantizar justicia”, agregó.
Este ataque ocurrió por la tarde en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en una transitada avenida de Cali, la principal ciudad del suroeste del país.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, atribuyó los hechos al Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de la antigua guerrilla de las FARC, y afirmó que fueron una “reacción terrorista” a una ofensiva del Ejército en la región del Cañón del Micay, en el vecino departamento del Cauca, contra ese grupo armado.
Horas antes se había producido otro ataque, aparentemente con un dron, contra un helicóptero de la Policía que transportaba uniformados para la erradicación de cultivos ilícitos en la localidad de Amalfi, en el departamento de Antioquia (noroeste).
En ese hecho murieron doce policías.
“Condenamos la muerte violenta de 12 policías y un número aún por determinar de heridos por ataque a helicóptero en el que se transportaban mientras desarrollaban labores de seguridad pública”, señaló la oficina de la ONU.
El organismo expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y volvió a instar a los grupos armados no estatales a respetar los derechos humanos, y a las autoridades a “investigar, juzgar y sancionar a los responsables”.
Por este atentado, las autoridades también responsabilizaron al EMC, liderado por Néstor Vera, alias ‘Iván Mordisco’, que opera en departamentos del sur, el este y el oeste de Colombia.
Ambos ataques llevaron a diversos sectores a exigir al Gobierno de Petro acciones contundentes contra los grupos armados ilegales, cuya violencia se ha intensificado en los últimos meses.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) advirtió que en 2024 el conflicto armado colombiano alcanzó su punto más crítico desde el acuerdo de paz con las FARC en 2016 y que 2025 se perfila como el año con las peores condiciones humanitarias de la última década.