El Instituto Duartiano mostró su identificación con los acuerdos que resulten del “Diálogo sobre la Crisis Haitiana y sus Implicaciones en la República Dominicana”, siempre que estos no entrañan ninguna “medida regulatoria” de inmigrantes ilegales o indocumentados, ni el otorgamiento de permisos transitorios de trabajo.
“Tampoco que impliquen la dotación de documentos de identidad personal librados por la autoridad dominicana al margen del ordenamiento legal y constitucional, con respecto a súbditos de cualquier otro país”, precisó el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, en un encuentro en su sede de la Ciudad Colonial, con la presencia de directivos.
Gómez Ramírez sostuvo que la entidad patriótica creía firmemente en la necesidad de que las autoridades cumplieran con el más alto sentido de responsabilidad en la aplicación de las leyes migratorias y laborales, como vía para garantizar el fortalecimiento institucional del país.
En ese orden, advirtió que debía respetarse de manera absoluta el ordenamiento constitucional, en especial lo establecido en el artículo 3 de la Carta Magna, que consagra el principio de la no intervención como una norma invariable de la política internacional dominicana.
El presidente del Instituto Duartiano consideró de importancia que el Consejo Económico y Social (CES) propusiera la creación de un Observatorio Nacional de Migración Laboral, aunque puntualizó que su composición no debía limitarse a órganos estatales como el Ministerio de Trabajo, Migración y Relaciones Exteriores, sino incluir a instituciones de la vida civil, en especial aquellas de reconocida vocación patriótica.
Manifestó que resultaba una necesidad impostergable que el presidente Luis Abinader, en su rol de responsable de la seguridad del Estado y de la política internacional, enfrentara con determinación la corrupción fronteriza y encabezará una ofensiva diplomática enérgica para dar a conocer en el ámbito internacional los aportes extraordinarios que ha realizado el país en favor de Haití, así como la inexistencia en la sociedad dominicana de prácticas racistas, discriminatorias y xenofóbicas.
El dirigente duartiano recordó que el artículo 10 de la Constitución establece como de “supremo y permanente interés nacional” la seguridad, el desarrollo económico, social y turístico de la zona fronteriza, así como su integración vial, comunicacional y productiva, junto a la difusión de los valores patrios y culturales del pueblo dominicano.
A la vez, reclamó legislar para garantizar el cumplimiento de la reserva de ley que establece el numeral 2 del mismo artículo 10, sobre el régimen de adquisición y transferencia de propiedades en la zona fronteriza, privilegiando el interés nacional y la titularidad dominicana. Extendió este reclamo a la preservación del patrimonio histórico e inmobiliario colonial y republicano que se erige en la Ciudad Colonial.
Gómez Ramírez exhortó a los jueces dominicanos a asumir con entereza y compromiso patriótico los expedientes relativos al tráfico de ilegales e indocumentados que llegan a sus despachos, aplicando con rigor las leyes de la nación, poniendo en evidencia su sentido de responsabilidad y su elevado compromiso con la patria.
Finalmente, instó a los jueces a cesar las devoluciones de vehículos y propiedades que retiene el Ministerio Público y otros organismos, en ocasión de sus operativos contra el tráfico de indocumentados e ilegales, toda vez que estos constituyen cuerpos de delito en cada caso.