Santo Domingo.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, rechazó las amenazas de sometimiento a la justicia por supuesta difamación a su presidente Julio César De la Rosa Tiburcio, anunciado por la directora de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, DIGEIG, Milagros Ortiz Boch, ante la acusación de haber incurrido en prevaricación al ordenar el archivo de la denuncia presentada por ADOCCO, el 2 de octubre del año 2023, contra el entonces ministro de Educación Ángel Hernández, por haber ocultado en su declaración jurada de patrimonio, presentada 6 meses después de su designación, la existencia de una compañía de la comunidad conyugal, que adquirió un inmueble por 31 millones de pesos, estando en el cargo.
La organización de la sociedad civil que lucha contra la corrupción, reiteró que seguirá haciendo su labor de denuncias contra todos aquellos servidores públicos, que incurran en irregularidades, que el propósito de amedrentarnos con la respuesta anunciada públicamente por la ex vicepresidenta bajo el título ¿Prevaricación o Difamación? No lo va a lograr, esperaremos el sometimiento, con la misma responsabilidad con la que le acusamos de haber prevaricado, que por tratarse de una funcionaria de influencia en el gobierno del presidente Luis Abinader, anunciamos de inicio de gestiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en procura de una medida cautelar, que detenga cualquier despropósito del poder.
Ante el archivo de la denuncia por la DIGEIG, el día primero de septiembre, ADOCCO, sometió ante el PEPCA al ex ministro de Educación Ángel Hernández, por omitir y ocultar en su declaración jurada de bienes el principal activo familiar, su empresa familiar con fines de lucro, con mayor capital invertido, se trata de Constructora Playa Morón, la cual no aparece en su declaración jurada de bienes, esta empresa fue registrada por Ángel Hernández, ante la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual, el 31 de Enero de 2022, mediante el número de registro 4754-2022. Esto fue 7 meses antes de ser nombrado ministro de Educación, posteriormente, el 17 de marzo de 2022, la empresa fue formalmente constituida, con el Registro Nacional de Contribuyente No. 1-32-57050-2 y el Registro Mercantil No. 1827855D.
La empresa Constructora Playa Morón tiene como propietarios a la esposa del Ministro Ángel Hernández, la señora Miriam de Jesús Acosta Peralta y a su hija, la señora Alejandrina María Hernández Acosta el 29 de septiembre de 2022, justamente un mes después de que el exministro Ángel Hernández ocupara el cargo de ministro de Educación, la empresa Constructora Morón realizó la compra de los terrenos o Inmueble identificado con el No. 414346065286, que tiene una superficie de 7,854.74 metros cuadrados, matrícula 3000537349, ubicado en Las Terrenas, Samaná, por lo cual pagó RD$ 31,095,000.00, Llama la atención que, al revisar el precio referencial de los terrenos de esa zona, el valor estimado de una propiedad como esa, es de más de US$ 4,000,000.00, igualmente, la propiedad no registra ningún gravamen, actualmente, por lo que se presume que la compra de la propiedad fue realizada en efectivo, sin embargo, al ver la declaración de ingresos del exministro y de su esposa, los ingresos que reportan no coinciden con una compra de una propiedad de ese valor.
La omisión de la inclusión de esta empresa, en la declaración jurada de bienes del Ministro Ángel Hernández, constituye una violación al Artículo 05 y el Artículo 08, Acápite 04, de la Ley 311-14, ya que el exministro Ángel Hernández estaba obligado, por ley, a proveer una relación verídica de todos los activos y pasivos de su comunidad conyugal, lo que constituye automáticamente una violación de la Ley No. 155-17, que castiga el Lavado de Activos, por lo que ADOCCO, pide al ministerio público: Acoger formalmente la presente denuncia querella y solicitud de investigación criminal en contra del señor ÁNGEL ENRIQUE HERNÁNDEZ CASTILLO, ex ministro de Educación, por violación a las disposiciones penales, contempladas en la Ley No. 311-14 que instituye el Sistema Nacional de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos y la Ley No. 155-17 y que proceda a identificar a quienes junto al señor ÁNGEL ENRIQUE HERNÁNDEZ CASTILLO, ex ministro de Educación, participaron en los hechos que denunciamos, así como recaudar los medios de pruebas pertinentes a los fines de formalizar la acusación penal correspondiente.