Santo Domingo.- Por primera vez en la República Dominicana, la corrupción ha sido catalogada como un delito autónomo, una de las principales innovaciones del nuevo Código Penal aprobado recientemente. Así lo destacó la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, durante una conferencia sobre la importancia de esta legislación para la transparencia, celebrada en el auditorio de la Dirección General de Aduanas (DGA).
Reynoso explicó que el concepto de «delito autónomo» implica que cualquier acto doloso que afecte el patrimonio público será considerado corrupción, sin necesidad de depender de otro delito específico para ser sancionado. Esto marca un avance significativo en la lucha contra la corrupción, ya que amplía el espectro de conductas que pueden ser castigadas.
La conferencia también fue una oportunidad para destacar la alineación del nuevo Código Penal con la Ley de Lavado de Activos, lo que permite que los delitos relacionados con la corrupción sean castigados con penas de entre 3 y 10 años. Además, la procuradora mencionó que el Código incluye nuevos tipos penales como el enriquecimiento ilícito, que ahora contempla el decomiso de bienes obtenidos de la corrupción y la inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos.
Uno de los aspectos más relevantes es la responsabilidad penal de las empresas, que ahora pueden ser procesadas y hasta disueltas por actos de corrupción. Esto responde a un cambio en la dinámica de las contrataciones públicas, que hoy en día involucran en gran medida a personas jurídicas.
La procuradora también subrayó la introducción de medidas contra la manipulación de contratos de obras públicas y la alteración de precios en las compras gubernamentales, lo cual ha sido incluido como un tipo penal en el nuevo código. “Cuando se usa el dinero del Estado para comprar o contratar, hay reglas, y romperlas es robarle al pueblo”, expresó Reynoso, haciendo hincapié en la importancia de la transparencia en el manejo de los fondos públicos.
El evento, al que asistieron importantes figuras del gobierno como el titular de la DGA, Eduardo Sanz Lovatón, y la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, también fue un espacio para discutir el impacto que tendrá este Código Penal en las instituciones públicas y en la sociedad en general, promoviendo un entorno más transparente y justo en la administración pública.