Santo Domingo.- La Contraloría General de la República (CGR) realizó un encuentro con todos sus auditores, directores y encargados para analizar el impacto del nuevo Código Penal y la nueva Ley de Compras y Contrataciones Públicas en el control interno.
La jornada tuvo como exponentes centrales a la procuradora general de la República, magistrada Yeni Berenice Reynoso, quien disertó sobre el nuevo Código Penal dominicano; al analista legal de la Dirección General de Contrataciones Públicas, Alfredo Bueno, quien abordó la nueva Ley de ese organismo; y al contralor general de la República, Félix Santana García, quien expuso la importancia e impacto de ambos marcos normativos en la labor de control y fiscalización del Estado.
El contralor general Félix Santana García destacó que la actividad forma parte de los esfuerzos de la Contraloría por mantener actualizado a su cuerpo técnico ante los nuevos desafíos legales que fortalecen la transparencia y el ejercicio responsable de la función pública.
“Cuando el Estado se fortalece jurídicamente, el auditor adquiere más herramientas, más respaldo y más legitimidad para ejercer su labor con objetividad y autoridad moral, reduciendo las amenazas legales”, manifestó Santana García.
El contralor agregó que “un buen profesional es capaz de anticipar riesgos, detectar desviaciones antes de que se conviertan en faltas graves, y de acompañar a las entidades auditadas en la adopción de mejores prácticas administrativas, como parte de las políticas de transparencia e institucionalidad impulsadas por el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona”.
Asimismo, la procuradora general Yeni Berenice Reynoso planteó que la nueva Ley de Contrataciones Públicas trae un catálogo de nuevos delitos que, junto a los del Código Penal, establecen 27 tipos penales nuevos o reforzados. Resaltó la importancia de que los servidores públicos, y la población en general, conozcan sobre el marco jurídico para preservar el patrimonio de todos.
“El papel fundamental de ustedes está en conocer las herramientas que las nuevas legislaciones ponen en sus manos, porque ustedes son control interno”, recordó a los servidores de la Contraloría General.
Resaltó que los colaboradores de la Contraloría son el primer guardián del patrimonio del Estado. “Un patrimonio que decimos, técnicamente, el patrimonio del Estado, pero que yo quiero que empecemos a cambiar la cultura, y a sentir que el patrimonio es de todos”, sostuvo Reynoso.
De su lado, el analista Alfredo Bueno, sostuvo que “la nueva Ley de Contrataciones es muy completa y se concentra en la sanción de diferentes ilícitos, entre ellos la falsedad de documentos, de los cuales ya se han detectado doscientos”.
En ese orden, el contralor subrayó que tanto el nuevo Código Penal como la Ley de Compras y Contrataciones Públicas son el resultado de un proceso de madurez institucional que impulsa la modernización del Estado y promueve una cultura de legalidad y honestidad.
“Estos nuevos marcos normativos no son hechos aislados ni respuestas coyunturales, sino parte de una visión de largo plazo hacia un Estado más justo, ético y transparente”, expresó el contralor, tras exhortar a los auditores a ejercer su rol con rigor, objetividad y compromiso moral.
Santana reiteró que los auditores de las Unidades de Auditoría Interna son la primera línea de defensa de la Contraloría General de la República, y que su rol cobra mayor relevancia con las nuevas normativas.
“El auditor debe ser un agente de legalidad, un orientador técnico y un guardián preventivo de las instituciones públicas”, subrayó el funcionario, al tiempo que recordó que la entidad ha emitido diversas resoluciones destinadas a fortalecer la gestión de inventarios, activos fijos, ingresos públicos y fondos de caja chica, con el fin de garantizar la correcta administración del patrimonio estatal.
Se recuerda que la nueva Ley 74-25, promulgada el 3 de agosto de 2025, instituyó el nuevo Código Penal en sustitución del antiguo régimen, vigente desde 1884. Esta reforma legal, que marca una transformación y avance significativo en el que hacer jurídico de la nación, entrará en vigencia en agosto de 2026.