La Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored) realizó el desayuno-conferencia “Responsabilidad ambiental y el rol del sector empresarial ante el nuevo Código Penal”, dictada por la magistrada Rosalba Ramos, fiscal del Distrito Nacional, en el que se analizaron los alcances de la nueva normativa penal en materia ambiental y que promueve una mejor comprensión de las obligaciones y responsabilidades que de ella se derivan.
Christy Luciano, presidenta interina del consejo directivo de Ecored, destacó que el desarrollo empresarial y la protección del medio ambiente no son caminos opuestos, sino rutas complementarias que deben avanzar juntas para aspirar a un futuro verdaderamente sostenible.
Señaló que la próxima entrada en vigor del nuevo Código Penal, con sus disposiciones sobre delitos ambientales, marca un hito en la evolución del marco legal dominicano. “Este avance reafirma que la protección ambiental es también una obligación legal, y que la actuación empresarial responsable debe regirse por los más altos estándares de cumplimiento y ética”, precisó Luciano.
Al intervenir en el encuentro, en el Hotel El Embajador, Luciano enfatizó que “más allá del cumplimiento, este cambio representa una oportunidad para fortalecer la gestión de riesgos ambientales, mejorar la gobernanza corporativa y proteger la reputación de nuestras organizaciones”.
Luciano manifestó que la sostenibilidad es un componente clave del valor empresarial, y que su importancia radica en que “hoy, más que nunca, protege la confianza de los consumidores, inversionistas y comunidades”.
La presidenta de Ecored impulsó la reflexión más allá del cumplimiento estricto de la ley: La institución promueve una visión empresarial basada en la “economía del cuidado y la regeneración”.
Dicha economía no solo debe evitar dañar el entorno, sino que está llamada a “restaurar, proteger y devolver valor al entorno” del que todos dependen.
El éxito de los negocios debe medirse en el “bienestar que generamos para las personas, las comunidades y los ecosistemas”.
El desayuno-conferencia, que tuvo como expositora invitada a la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, contó con la asistencia de Laura Peña Izquierdo, presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom); César Dargam, vicepresidente ejecutivo de Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep); y Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).
Participaron, además, Aguie Lendor, vicepresidenta ejecutiva de Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores); Patricia Abreu, directora ejecutiva de Fondo Agua Santo Domingo y Martin Valerio, director ejecutivo de Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (Camipe).
Asimismo, estuvieron presentes también Carlos Batista, viceministro de Áreas Protegidas. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Priamo Ramírez, director ejecutivo fideicomiso DO Sostenible; Francisco Domínguez Brito, pasado ministro de Medioambiente y Recursos Naturales y pasado procurador general de la República, y el general Valerio García, ex director ejecutivo Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa).
Fiscal del DN: responsabilidad ambiental empresarial pasó del terreno administrativo al penal
Durante su conferencia sobre “Responsabilidad ambiental y rol del sector empresarial ante la Ley 74-25 del Código Penal Dominicano”, la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, advirtió que las empresas que dañen el medio ambiente ya no solo se exponen a sanciones administrativas, sino a procesos penales directos, con multas millonarias, suspensión de operaciones e incluso clausura definitiva.
La magistrada recordó que la Ley 74-25 modernizó el Código Penal y reforzó el régimen de persecución de las conductas que deterioran los ecosistemas, los recursos naturales y la salud de las personas.
Ramos explicó que este nuevo marco coexiste con la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que fija el principio de que “quien contamina paga”, y tipifica como delitos el vertido de sustancias tóxicas, la contaminación de agua, aire y suelos, la tala ilegal, el daño a áreas protegidas y el fraude en licencias y permisos ambientales.
Detalló que los artículos 174, 175 y 176 establecen responsabilidades tanto para personas físicas como para personas jurídicas, con multas de hasta 20 mil salarios mínimos y sanciones penales para directivos que decidan o toleren prácticas contaminantes.
La fiscal subrayó que, en este contexto, el empresariado estaba obligado a abandonar la visión de que el medio ambiente era un problema exclusivo del Estado. Insistió en que la responsabilidad ambiental debía convertirse en parte intrínseca de la misión corporativa: prevención de riesgos, manejo adecuado de residuos, control de emisiones, uso responsable del agua y del suelo, así como reparación o indemnización frente a cualquier daño causado.
Advirtió que la falta de diligencia, la omisión de controles o la obtención irregular de permisos podían ser interpretadas como culpa grave y arrastrar responsabilidad solidaria y subsidiaria entre empresas, contratistas y administradores.
Como pieza clave de este giro, Ramos destacó la figura del oficial de cumplimiento (Compliance Officer) y de los programas formales de cumplimiento penal ambiental. Señaló que las compañías que implementaran mapeo de riesgos, códigos de ética, auditorías ambientales, canales de denuncia y trazabilidad de residuos no solo reducían la probabilidad de sanciones, sino que también podían atenuar su responsabilidad penal al demostrar diligencia debida.
Concluyó que la adaptación a este nuevo régimen no era un lujo regulatorio, sino una condición de supervivencia competitiva en un mercado que cada vez premiaba más las prácticas alineadas con criterios ESG y la sostenibilidad real, no de papel.