El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, presentó este miércoles, Día del Poder Judicial, un balance centrado en resultados, cifras y reformas estructurales.
Molina afirmó que la justicia dominicana pasó, en los últimos seis años, de un sistema marcado por la mora crónica, la baja confianza ciudadana y la opacidad institucional, a uno con reducción sustancial de retrasos, ampliación del acceso digital y estándares de transparencia que, según expuso, alcanzaron el 100 % en los indicadores oficiales.
El magistrado sostuvo que la transformación es el resultado de decisiones sostenidas, coordinación interinstitucional y cambios normativos que permitieron modificar prácticas históricas arraigadas en el sistema judicial.
Molina recordó que en 2019 el Poder Judicial enfrentaba una situación crítica. Citó datos del Latinobarómetro que situaban la confianza ciudadana en la justicia en apenas un 21 %, así como un retroceso en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, donde el país cayó del puesto 90 al 95.
El problema más visible, dijo, se encontraba en la propia Suprema Corte de Justicia. Nueve de cada diez casos tardaban un año o más en resolverse, con expedientes pendientes desde 1982. Para fijar una primera audiencia podían transcurrir hasta cinco años.
En los tribunales inferiores, la situación era difícil de medir debido al retraso en la consolidación de estadísticas judiciales, que llegaban a tardar hasta dos años. A esto se sumaba una carga administrativa elevada: casi la mitad de los más de 550,000 casos ingresados al sistema en 2019 correspondían a asuntos administrativos o graciosos, que no implicaban conflictos entre partes.
En materia penal, Molina señaló una baja coordinación entre los operadores del sistema y una escasa utilización de salidas alternas, lo que contribuía al congestionamiento. La atención judicial era completamente presencial y obligaba a los usuarios a trasladarse a una de las 219 sedes judiciales para cualquier trámite.
También expuso deficiencias en los servicios dirigidos a poblaciones vulnerables, como la cobertura incompleta de los centros de entrevista forense y la revictimización de mujeres víctimas de violencia. En algunos casos, relató, era necesario trasladarse entre provincias para que un proceso pudiera avanzar.
El primer objetivo trazado por la gestión fue la eliminación de la mora judicial. Molina calificó este reto como una obligación cívica, al recordar que detrás de cada expediente existen personas, inversiones detenidas y derechos en espera de respuesta.
Según los datos presentados, el 90 % de los casos de la Suprema Corte de Justicia se resuelve actualmente en un año o menos. En materia civil y comercial, el promedio es de 12 meses; en inmobiliario, contencioso-administrativo, tributario y laboral, seis meses; en penal, el 80 % de los casos se decide en tres meses; y los procesos de extradición se resuelven en un plazo de 24 horas.
El presidente del alto tribunal afirmó que este resultado implicó la eliminación de más de 40 años de mora estructural, mediante una disciplina de gestión orientada al cumplimiento de plazos y al rechazo del retardo injustificado.
Indicó que este enfoque se extendió al resto del sistema judicial. A nivel nacional, el 87 % de las salas se encuentra al día y la información judicial está disponible en línea. No obstante, reconoció que persisten retos en departamentos judiciales con alta congestión, en particular Santo Domingo, el único que no alcanza el 80 % de tribunales al día.
Molina atribuyó parte de los avances a reformas legales aprobadas por el Congreso Nacional, entre ellas la ley que habilita el uso de medios digitales en el Poder Judicial, la Ley sobre Recurso de Casación y la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil.
También destacó la implementación del Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias y otras iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo para simplificar y acelerar trámites.
En el ámbito penal, explicó que se trabajó junto al Ministerio Público y la Defensa Pública para promover una cultura de acuerdos. Citó como ejemplo un programa piloto iniciado en la provincia Hermanas Mirabal, donde el porcentaje de casos resueltos por acuerdo pasó de 13 % a 75 % en el último trimestre del año.
Otro eje central del discurso fue la digitalización del sistema judicial. Molina afirmó que el acceso a la justicia debe ser oportuno y universal, en especial para los sectores más vulnerables.
Informó que se abrieron seis nuevos Centros de Entrevista Forense, con los cuales se logró cobertura en todos los departamentos judiciales y se amplió el servicio a mujeres víctimas de violencia.
En materia tecnológica, indicó que más de 27,000 personas utilizan actualmente plataformas digitales para gestionar casos, participar en audiencias virtuales, tramitar expedientes y realizar consultas desde cualquier lugar, incluso desde el extranjero.
La ciudadanía, agregó, puede acceder a la JURISTECA, repositorio público de jurisprudencia administrado por la Escuela Nacional de la Judicatura, y a LEIA, una asistente virtual para orientación judicial.
El objetivo, explicó, es avanzar hacia un ecosistema de acceso integrado que concentre servicios, información, seguimiento de casos, estadísticas en tiempo real y validación de documentos en un solo punto digital.
Molina señaló que el Registro Inmobiliario experimentó una transformación orientada a la agilidad y seguridad jurídica, mediante herramientas como las alertas registrales y la interoperabilidad con los tribunales.
En cuanto a infraestructura, afirmó que el enfoque pasó de la construcción de edificios a la creación de centros de servicios centrados en las personas. Como ejemplo, destacó la puesta en funcionamiento de la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, con apoyo del Poder Ejecutivo.
Anunció que el Ministerio de Vivienda y Edificaciones trabaja para entregar en 2026 la Ciudad Judicial de Santo Domingo Oeste e iniciar la del Distrito Nacional.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia afirmó que la transparencia se convirtió en un pilar de la gestión. Según indicó, el Poder Judicial alcanzó por primera vez el 100 % en el índice de transparencia.
Entre las medidas adoptadas citó la presentación oportuna de los informes anuales de desempeño de los jueces de la Suprema Corte ante el Consejo Nacional de la Magistratura, la creación del Observatorio del Poder Judicial con datos abiertos y la implementación de un escalafón judicial.
Más de 400,000 decisiones de todos los tribunales están disponibles en línea, lo que, según Molina, permite estudiar la evolución de los criterios jurisprudenciales y fortalecer la seguridad jurídica.
Molina afirmó que los avances tuvieron un impacto directo en la confianza ciudadana. Según el Latinobarómetro, la confianza en la justicia se duplicó desde 2019.
Además, la República Dominicana fue el país que más avanzó en el Índice Global de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project, escalando 20 posiciones desde 2019.
En la parte final de su discurso, el magistrado presentó el Plan Justicia del Futuro 2034, una estrategia orientada a consolidar los avances y enfrentar los desafíos pendientes.
Entre sus metas mencionó una justicia sin mora en todos los tribunales, servicios plenamente digitales e interoperables, eliminación de barreras geográficas y sociales, fortalecimiento de la carrera judicial y una justicia pensada para las personas.
Molina concluyó que la justicia dominicana es una obra en marcha que no debe detenerse y reiteró el compromiso del Poder Judicial con la independencia, el debido proceso y la dignidad humana.