La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga desde comienzos de enero una denuncia presentada contra Julio Iglesias por dos mujeres que trabajaron para él en 2021 y que lo acusan de delitos de trata de seres humanos, agresión sexual, acoso, lesiones y vulneración de los derechos laborales. El escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, sitúa los hechos en las residencias que el cantante posee en República Dominicana y Bahamas y atribuye al artista un papel central en un presunto sistema de explotación, control y abuso ejercido sobre sus empleadas.
La denuncia fue registrada el pasado 5 de enero y ha dado lugar a la apertura de diligencias de investigación penal preprocesales bajo secreto. Fuentes fiscales han confirmado que el Ministerio Público está analizando los hechos y la competencia de la Audiencia Nacional para asumir el caso, dado que los presuntos delitos se habrían cometido fuera de España, pero el denunciado es ciudadano español. La legislación española permite investigar estos hechos cuando concurren determinados requisitos, entre ellos que los delitos sean también punibles en los países donde se produjeron y que exista una denuncia formal, como ocurre en este caso.
Las dos denunciantes, que han sido identificadas con los nombres ficticios de Laura y Rebeca para proteger su identidad, han decidido acudir a la justicia española tras la publicación este martes de una investigación de elDiario.es en colaboración con Univision Noticias. En ese trabajo periodístico relataron haber sufrido agresiones sexuales, humillaciones y un régimen de control constante mientras trabajaban como empleada del hogar y fisioterapeuta personal del cantante, respectivamente.
Ambas aseguran que entre enero y octubre de 2021 vivieron en un entorno marcado por la intimidación, la dependencia económica y el aislamiento, y que fueron presionadas de manera reiterada para mantener encuentros sexuales con Iglesias. Describen penetraciones no consentidas, tocamientos, bofetadas, insultos y vejaciones físicas y verbales, así como la presencia de otras personas del entorno del cantante durante algunos de esos episodios, lo que incrementaba la sensación de coacción.
Delitos de trata y explotación
El escrito presentado ante la Fiscalía sostiene que los hechos podrían constituir un delito de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, con agravantes de grupo criminal y de peligro para la integridad de las denunciantes. Las abogadas que representan a las mujeres argumentan que concurren los elementos típicos de este delito: la captación, el traslado y el alojamiento de las trabajadoras en los domicilios del empleador, el aislamiento, el engaño y el abuso de una situación de vulnerabilidad, así como la finalidad de explotación laboral y sexual.
Julio Iglesias es señalado como autor principal, pero la denuncia también incluye como colaboradoras a dos encargadas de las casas del cantante en República Dominicana y Bahamas. Según las letradas, estas mujeres habrían participado en la captación de las trabajadoras y en la imposición de las condiciones en las que vivían y trabajaban, lo que permite hablar de una actuación conjunta y concertada con un reparto de tareas dentro de una organización orientada a la trata.
El documento subraya la situación de vulnerabilidad socioeconómica de las denunciantes y el contexto de los países de los que proceden, elementos que, a juicio de la acusación, son claves para entender la relación de poder y la dependencia económica que las mantenía ligadas a su empleo en las villas del cantante.
Agresiones, acoso y lesiones
Además del delito de trata, la denuncia atribuye a Iglesias varios delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales conforme al Código Penal vigente en 2021, antes de la entrada en vigor de la ley de libertad sexual. En ese marco legal, las agresiones sexuales requerían violencia o intimidación, que podía ser también de carácter ambiental, es decir, una atmósfera de miedo o coacción que anulase la capacidad de resistencia de la víctima.
En el caso de una de las mujeres, las abogadas describen distintas agresiones sexuales, con y sin penetración, en un contexto de intimidación ambiental reforzado por la presencia de dos superiores jerárquicos en la habitación. En el de la otra, identifican una agresión sexual cometida aprovechándose de la superioridad del denunciado. También se solicita que se tengan en cuenta agravantes como el carácter degradante y vejatorio de la violencia, la especial vulnerabilidad de las víctimas, la posición de superioridad del artista y la participación de varios autores.
La denuncia recoge igualmente conductas que podrían constituir acoso sexual sistemático desde el inicio de la relación laboral, con propuestas de favores sexuales y comentarios humillantes de índole sexual. A ello se añaden dos posibles delitos de lesiones contra una de las mujeres, que afirma haber sido sujetada por el cabello y zarandeada en presencia de otras trabajadoras, además de sufrir actos sexuales no consentidos que le provocaron moretones y mordeduras visibles.
En el ámbito laboral, el escrito señala presuntas vulneraciones reiteradas de la normativa en materia de trabajo y seguridad social, como la ausencia de contrato, la imposición de condiciones irregulares, la falta de descansos y situaciones que afectaban a la intimidad y dignidad de las empleadas. En uno de los casos, se añade la contratación sin el permiso de trabajo adecuado.
Petición de medidas de protección
Las dos mujeres han interpuesto la denuncia con el apoyo de la organización internacional Women’s Link Worldwide, que ha solicitado a la Fiscalía medidas urgentes de protección para las víctimas. Las abogadas piden que se preserve su identidad y la de sus familiares debido a su especial vulnerabilidad y a la posición de influencia y poder del denunciado, al que atribuyen una considerable capacidad para tomar represalias o intimidarlas. También reclaman que se evite cualquier contacto entre las denunciantes y los sospechosos, ante el temor de presiones o amenazas destinadas a que desistan de sus acciones judiciales.
En declaraciones a elDiario.es, Rebeca explica que su objetivo es que lo ocurrido no quede impune y que el cantante no pueda seguir actuando de la misma manera. Laura, por su parte, afirma que quiere que su voz sirva para que otras posibles víctimas se animen a hablar y confíen en la justicia, y para denunciar el maltrato físico, psicológico y sexual que, según sostiene, sufrieron varias trabajadoras en esas casas.
Dos exempleadas del servicio doméstico del cantante en sus mansiones relatan que trabajaron «en un ambiente de control, acoso y terror».
La Fiscalía de la Audiencia Nacional se encuentra ahora en una fase muy preliminar de análisis, en la que debe valorar el relato de los hechos, la legitimidad de las denunciantes y su propia competencia para investigar, teniendo en cuenta el lugar de comisión de los presuntos delitos y la nacionalidad de las partes implicadas. Las diligencias se mantienen bajo secreto.
Tanto elDiario.es como Univision han intentado recabar la versión de Julio Iglesias y de las dos encargadas señaladas en la denuncia. El cantante no ha respondido a ninguno de los intentos de contacto. Una de las responsables de las casas tampoco ha contestado, mientras que la otra se ha limitado a señalar que no tiene “nada que decir frente a esas acusaciones”.