Las autoridades de Venezuela están evaluando la posibilidad de otorgar “medidas de gracia” o indultos presidenciales a personas que quedaron fuera de la reciente Ley de Amnistía, en medio de crecientes críticas de organizaciones de derechos humanos, familiares de detenidos y sectores opositores que consideran que la norma deja a muchos presos políticos sin protección legal.
Qué son las “medidas de gracia”
El presidente de la Asamblea Nacional y diputado chavista Jorge Rodríguez adelantó que el Gobierno analiza la concesión de indultos o medidas de gracia para personas que no calificaron bajo los criterios de la Ley de Amnistía, que fue aprobada esta semana y que ha generado expectativas y cuestionamientos en el país.
Estas medidas serían una alternativa para casos que no están contemplados en la ley, y podrían ser presentadas por instancias como el Programa para la Convivencia y Paz o la comisión para la Revolución Judicial, organismos creados por el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez para acompañar el proceso.
Amnistía con múltiples exclusiones
La Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional cubre períodos de crisis política entre 2002 y 2026, pero solo en trece coyunturas específicas, lo que ha dejado fuera a muchos arrestos ocurridos en al menos 15 de los últimos 27 años, además de casos vinculados a operaciones militares o delitos considerados graves.
Organizaciones como Foro Penal estiman que al menos 400 presos políticos podrían quedar fuera del alcance de la ley, lo que ha generado malestar entre familiares, activistas y ONG defensoras de derechos humanos.
Críticas y demandas de ampliación
Desde diferentes sectores se ha pedido que la amnistía se extienda a todos los presos políticos sin exclusión ni discriminación. La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) exigió que se revisen los casos de forma transparente y con participación de las víctimas, eliminando cualquier restricción que limite el acceso a la libertad.
La oposición también ha cuestionado la ley por su carácter selectivo y por no incluir a exiliados políticos, lo cual deja en un “limbo” a quienes tuvieron que abandonar el país tras ser perseguidos políticamente.
Liberaciones en curso
A pesar de las críticas, las autoridades han reportado “cientos de liberaciones” desde que la ley fue promulgada, aunque no han ofrecido cifras detalladas ni la identidad de los beneficiados. Algunos de los primeros casos atendidos corresponden a detenidos en recintos como Zona 7 y El Helicoide, instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas.
Controversia política y derechos humanos
La discusión en torno a la amnistía y las posibles medidas de gracia se enmarca en un contexto de tensión política y reclamos por justicia plena en Venezuela. Críticos señalan que la ley es insuficiente para una reconciliación nacional genuina y que deja de lado cuestiones estructurales como la rehabilitación política, la devolución de derechos o la reparación de daños a víctimas de persecución