La Vega.- El ciudadano Leison Guerrero Ramírez enfrenta una querella penal por difamación e injuria, presentada por el alcalde de Jarabacoa, José Antonio Abreu Pichardo, quien alega daños a su honra por expresiones relacionadas con su gestión pública y solicita una indemnización de RD$50 millones por daños y perjuicios (arts. 371 y 373 del Código Penal, Ley 6132 y Ley 53-07). La querella se tramita ante el fiscalizador Juan Emmanuel Escoto Hidalgo.
Guerrero es precisamente quien, el 11 de julio de 2025, presentó una denuncia ante la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) contra el procedimiento AMJ-CCC-CP-2025-0001 del Ayuntamiento de Jarabacoa, correspondiente a la remodelación de un centro comunal en la urbanización Medina I con fondos participativos 2025. La Resolución RIC-0029-2026 de la DGCP anuló el proceso por violaciones graves a los principios de transparencia y publicidad establecidos en la Ley 340-06: no uso del SECP obligatorio pese a contar con usuario habilitado, omisión de la carga íntegra del expediente e incumplimiento de los plazos legales.
En ese mismo patrón de fiscalización, también impulsó y visibilizó la nulidad del proceso del vertedero municipal. La DGCP anuló el procedimiento AMJ-CCC-CP-2024-0001 para el manejo del vertedero de Jarabacoa por falta de transparencia y publicidad, citando el artículo 104 del Decreto 416-23 (nulidad inmediata ante la falta de publicidad de la convocatoria o del pliego) y recomendando relanzar el procedimiento con garantías de transparencia.
Asimismo, alertó sobre presuntas irregularidades en la compra de un “vehículo ejecutivo” (jeepeta) para uso institucional. El pliego del Ayuntamiento identifica la “Adquisición de un (1) Vehículo Ejecutivo para uso institucional” (AMJ-CCC-LR-2025-0001); sin embargo, el documento incluye referencias impropias a un “camión compactador” dentro de los requisitos y la garantía, lo que alimentó denuncias públicas sobre inconsistencias técnicas y administrativas en ese expediente.
La DGCP remitió el expediente a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) para fines de investigación penal y ordenó identificar y sancionar a los funcionarios responsables, conforme al artículo 66 de la Ley 340-06.
Por su parte, la defensa de Guerrero, encabezada por el licenciado Hernani Aquino, interpuso el 23 de febrero de 2026 un incidente de inadmisibilidad de la querella por alegado incumplimiento procesal (arts. 268 y 394.4 del CPP), atipicidad de los hechos, falta de dolo, vulneración de la libertad de expresión (art. 49 de la Constitución; art. 13 de la CADH) y desproporcionalidad de la acción, citando precedentes del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El caso ha generado preocupación en distintos sectores, al considerar que la interposición de una querella penal con una elevada indemnización contra un ciudadano que ejerce labores de fiscalización —logrando la anulación de procesos por irregularidades en contrataciones públicas y activando instancias anticorrupción— podría interpretarse como un intento de desalentar la rendición de cuentas y la transparencia municipal. En un sistema democrático, denunciar posibles irregularidades en el uso de fondos públicos constituye un derecho cívico fundamental, no un delito.