Santo Domingo.- El Gobierno dominicano dispuso este lunes que todos los ingresos generados por los consulados en el exterior sean transferidos al Estado, en una medida orientada a optimizar el manejo de los recursos públicos y reforzar la transparencia en la administración estatal.
Durante la presentación de la iniciativa, encabezada por el canciller Roberto Álvarez, el viceministro para Asuntos Consulares y Migratorios, Opinio Díaz, explicó que esta disposición marca una nueva etapa en la reforma del servicio exterior. Esta transformación contempla cambios estructurales en el sistema consular y da continuidad a las medidas ya implementadas por el Gobierno.
Como eje central de la reforma, se estableció que la totalidad de los ingresos generados por los servicios consulares será transferida a la Cuenta Única del Tesoro (CUT). Con esta decisión, se busca garantizar un manejo centralizado de los recursos bajo estrictos criterios de control y supervisión estatal. Además, permitirá disponer de fondos para ampliar y abrir nuevos servicios consulares en localidades donde la diáspora dominicana lo requiera.
La iniciativa forma parte de la continuidad de la reforma del servicio exterior impulsada por el presidente Luis Abinader, quien apuesta por consolidar un modelo de gestión basado en la integridad institucional, la rendición de cuentas y la transparencia.
Asimismo, se contempla la implementación de una escala salarial digna para el personal consular, equiparable a la del servicio diplomático, con el objetivo de corregir distorsiones históricas y garantizar condiciones más justas para estos servidores públicos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores también avanzará en la reorganización de los consulados conforme a criterios objetivos de necesidad operativa y servicio al ciudadano, promoviendo estructuras más eficientes y funcionales.
El nuevo sistema será aplicado de manera gradual en todos los consulados y secciones consulares dominicanas en el mundo. La fase final del proceso está prevista para iniciar el 1 de enero de 2027, asegurando una implementación ordenada y sostenible.
Esta reforma se enmarca en el proceso de institucionalización del Estado promovido por el Gobierno, alineado con el proyecto de desarrollo nacional y los esfuerzos de adhesión a estándares internacionales de gobernanza.