Santo Domingo.- La Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE) propuso que la nueva Ley Minera no solo mantenga el 5 % de los beneficios netos destinados a los municipios donde se desarrolla la actividad extractiva, sino que también establezca mecanismos claros de gobernanza para garantizar una administración transparente, fiscalizada y orientada a proyectos de alto impacto que mejoren la calidad de vida de las comunidades.
La entidad considera que, en los territorios donde opera la minería, el desarrollo debe reflejarse en mejores caminos, acueductos, escuelas, centros de salud, transporte, capacitación técnica, empleo local y nuevas oportunidades productivas. Bajo esa visión, plantea que la modernización del marco legal debe institucionalizar la gestión de esos recursos, definiendo reglas claras para su administración, fiscalización y priorización, de modo que la riqueza generada por el subsuelo se traduzca en beneficios tangibles y medibles para la población.
Este planteamiento busca corregir una deuda histórica y trasladar el debate hacia un modelo de valor compartido y responsabilidad institucional.
“El 5 % ya existe como principio de compensación territorial. Lo que necesitamos ahora es que la ley establezca una gobernanza clara para que esos recursos no se diluyan, sino que lleguen a obras prioritarias, auditables y verificables por las comunidades. La conexión entre minería y desarrollo local debe ser directa, transparente y medible”, expresó Martín Valerio, director ejecutivo de CAMIPE.
En ese sentido, la organización propone que la nueva legislación contemple un modelo de gobernanza basado en la planificación municipal, la participación comunitaria, la priorización técnica de proyectos, la ejecución transparente, auditorías independientes, la publicación periódica de resultados y mecanismos de vigilancia ciudadana. El objetivo es evitar que estos recursos se destinen al gasto corriente o a decisiones discrecionales, y garantizar que se inviertan en proyectos estructurales que impulsen la calidad de vida y la competitividad de los territorios mineros.
La relevancia del sector minero para la economía nacional es significativa. Actualmente, la minería representa más del 50 % de las exportaciones del país y genera un aporte fiscal anual superior a los RD$45,000 millones. No obstante, CAMIPE sostiene que ese desempeño macroeconómico debe reflejarse también en un mayor desarrollo de los municipios donde se realiza la actividad extractiva.
La propuesta de modernización de la ley busca institucionalizar estos aportes mediante instrumentos públicos de gestión territorial que permitan convertirlos en infraestructura crítica y en iniciativas de diversificación productiva. Entre las áreas prioritarias figuran el acceso al agua potable y el saneamiento, la mejora de caminos vecinales y carreteras secundarias, el fortalecimiento de centros de salud y escuelas, la formación técnico-profesional, así como el desarrollo de infraestructura productiva local.
Asimismo, se contempla la ejecución de proyectos ambientales estratégicos, como programas de reforestación, manejo de cuencas hidrográficas y remediación territorial. Según la propuesta, estos fondos estarían sujetos a auditorías independientes y a un monitoreo ciudadano permanente para garantizar su uso eficiente y transparente.
Alineación con Meta RD 2036
La modernización de la Ley Minera, vigente desde 1971, es considerada por especialistas como una oportunidad para alinear el sector con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2030) y la iniciativa Meta RD 2036, que promueven el crecimiento económico sostenible, la reducción de brechas territoriales, el fortalecimiento institucional y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales.
De acuerdo con CAMIPE, integrar la minería a la planificación económica nacional mediante reglas modernas y previsibles contribuiría a fortalecer la confianza de los inversionistas y atraer mayor inversión extranjera al país.
Las oportunidades derivadas de una nueva legislación, señala la entidad, trascienden la actividad extractiva, ya que permitirían fortalecer la capacidad del Estado para planificar y coordinar políticas públicas orientadas a transformar los recursos naturales en desarrollo sostenible y beneficios concretos para la ciudadanía.
Al respecto, Roberto Despradel, CEO de Despradel & Asociados, destacó la importancia del sector para la economía dominicana al señalar que “la inversión extranjera del sector minero el año pasado superó los US$260 millones, de acuerdo con datos del Banco Central”. Añadió que el fortalecimiento del marco jurídico constituye un paso fundamental para consolidar la legitimidad social de la actividad y garantizar que la inversión se traduzca en desarrollo sostenible.
Con esta propuesta, CAMIPE reafirma que la actualización de la normativa minera no representa un beneficio exclusivo para las empresas, sino una herramienta de política pública orientada a convertir los recursos naturales en un legado de estabilidad, transparencia y bienestar para todos los dominicanos.
La Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE) es una entidad privada sin fines de lucro fundada el 18 de abril de 1997, dedicada a promover el desarrollo sostenible del sector minero y petrolero nacional. Su labor incluye el impulso de políticas públicas responsables, la promoción de inversiones, la transferencia tecnológica, la formación de recursos humanos y el fortalecimiento del diálogo entre el sector productivo, las autoridades, la academia y la sociedad civil.