Santo Domingo.- El Gobierno dominicano presentó este jueves una propuesta de ajuste fiscal orientada a fortalecer las finanzas públicas ante el impacto de la desaceleración de la economía mundial y las actuales tensiones comerciales internacionales. La iniciativa combina nuevas fuentes de recaudación con medidas destinadas a aliviar la carga tributaria de sectores productivos, la clase media y los grupos más vulnerables.
El plan fue dado a conocer por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, durante un encuentro con directores de medios de comunicación. Según explicó, el conjunto de medidas permitiría generar ingresos adicionales de entre 40,000 y 50,000 millones de pesos. El proyecto será remitido al Congreso Nacional a principios de la próxima semana para su conocimiento y debate.
Entre las disposiciones planteadas figura la eliminación de los anticipos del impuesto sobre la renta para las microempresas, una medida que beneficiaría a la mayoría de los negocios registrados en el país. Asimismo, las pequeñas empresas pasarían a realizar tres pagos anuales en lugar de doce, simplificando así sus obligaciones tributarias.
El sector agropecuario también sería favorecido con la eliminación definitiva de los anticipos y del Impuesto a los Activos, mientras que se contempla una reducción de recargos por mora, facilidades para acuerdos de pago y una amnistía para deudas tributarias acumuladas.
La propuesta amplía además el alcance del Régimen Simplificado de Tributación, elevando los límites de ingresos para personas físicas, productores agropecuarios y pequeños negocios, con el propósito de facilitar el cumplimiento fiscal y promover la formalización.
En materia patrimonial, el Gobierno plantea actualizar los montos exentos del impuesto sucesoral y reducir significativamente la carga tributaria aplicada a las transferencias de bienes entre padres e hijos realizadas en vida. También se reduciría el gravamen sobre las ganancias de capital derivadas de la venta de inmuebles por parte de personas físicas.
Para la clase media, la iniciativa contempla un ajuste por inflación del mínimo exento del impuesto sobre la renta y de las escalas salariales sujetas al tributo. Con ello, el umbral libre de impuestos aumentaría hasta cerca de 40 mil pesos mensuales. Además, se incrementaría la deducción permitida por gastos educativos, especialmente en los casos relacionados con personas con discapacidad o trastornos del neurodesarrollo.
El paquete incluye igualmente medidas para estimular el crecimiento económico, entre ellas la depreciación acelerada de inversiones privadas a partir de 2027, incentivos para exportadores mediante devoluciones de impuestos y la eliminación gradual de gravámenes considerados obsoletos sobre actividades empresariales y financieras.
En el ámbito del control fiscal, las autoridades buscan reforzar la lucha contra la evasión mediante mayores mecanismos de retención, nuevos controles de trazabilidad para productos como bebidas alcohólicas, cigarrillos y combustibles, así como una supervisión más estricta de los beneficiarios de incentivos fiscales.
La reforma también incorpora incrementos tributarios dirigidos a sectores de mayores ingresos y actividades específicas. Entre ellos destacan un aumento temporal de la tasa del impuesto sobre la renta para grandes empresas, la creación de una nueva escala impositiva para salarios superiores a los 400 mil pesos mensuales, gravámenes a los cigarrillos electrónicos y vapeadores, mayores cargas a los juegos de azar y un incremento en la tasa aplicada a los boletos aéreos.
Durante la presentación, Díaz aseguró que el presupuesto de 2026 cuenta prácticamente con los recursos necesarios para su ejecución, aunque advirtió que el contexto económico internacional obliga al Estado a disponer de fondos adicionales para responder a nuevas presiones de gasto.
El funcionario sostuvo que la propuesta procura mantener un equilibrio entre la sostenibilidad fiscal y la protección social, al tiempo que fomenta la equidad tributaria, respalda a la clase media y fortalece los mecanismos para combatir la informalidad y la evasión fiscal.