Santo Domingo.- El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, llamó este domingo al Congreso Nacional a habilitar un espacio de diálogo institucional con la Sociedad Dominicana de Diarios, medios de comunicación, gremios periodísticos, juristas y organizaciones de la sociedad civil, ante las preocupaciones sobre posibles efectos de la Ley núm. 74-25, Orgánica que instituye el Código Penal, en el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.
La propuesta se produce de cara a la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, prevista para el próximo 3 de agosto. Ulloa sostuvo que el diálogo debe permitir revisar y armonizar cualquier aspecto que pueda generar incertidumbre en la aplicación de la normativa, según detalla un comunicado de prensa.
«Desde el Defensor del Pueblo abogamos por un diálogo sincero, constitucional y responsable, que permita proteger la libertad de expresión y, al mismo tiempo, garantizar la dignidad, la honra, la intimidad y el buen nombre de las personas», expresó.
El funcionario recordó que el debate debe tomar en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en especial las sentencias TC/0075/16 y TC/1148/25, las cuales, según explicó, establecen criterios sobre normas expulsadas del ordenamiento jurídico y su carácter vinculante.
Ulloa afirmó que la actualización de la legislación penal representa un avance para el país, aunque señaló que la efectividad de la reforma dependerá de su aplicación. En ese sentido, indicó que el objetivo debe ser garantizar justicia para las víctimas, el debido proceso y reglas claras para quienes ejercen el periodismo, la opinión pública y la fiscalización democrática.
«El país no debe confundir reforma penal con justicia automática. Una ley puede representar un paso de avance, pero solo será una victoria ciudadana si el Estado tiene la capacidad de aplicarla bien, proteger a las víctimas, garantizar el debido proceso y evitar que la impunidad o el abuso sigan debilitando la confianza pública», manifestó.
El Defensor del Pueblo también informó que la institución está dispuesta a servir como facilitadora del diálogo y a promover jornadas de orientación ciudadana e implementación institucional en Santo Domingo y Santiago, con el propósito de explicar el alcance del nuevo Código Penal y escuchar las inquietudes de los distintos sectores.
Asimismo, consideró que este proceso debe contribuir a fortalecer el conocimiento de los derechos ciudadanos, la protección de las víctimas, las garantías procesales y el respeto a la dignidad humana.