El Tribunal Constitucional (TC), a través de su Comisión de Igualdad de Género y con el apoyo del Instituto O’Neill de la Universidad de Georgetown, celebró el Primer Encuentro Regional de Magistradas de Altas Cortes de América Latina y el Caribe, un espacio pionero de diálogo e intercambio de experiencias sobre el liderazgo de las mujeres en la administración de justicia, la igualdad de género y su contribución al fortalecimiento del Estado de derecho.
El encuentro constituye el primer foro regional de esta naturaleza dedicado a reunir a magistradas de los más altos tribunales para reflexionar sobre los avances, desafíos y oportunidades de la participación de las mujeres en los espacios de decisión judicial, así como sobre su aporte al desarrollo del constitucionalismo contemporáneo, la protección de los derechos fundamentales y la consolidación de sistemas de justicia más representativos, inclusivos y sensibles a las realidades sociales de nuestros países.
A la actividad, que fue presidida por el presidente del TC, magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, asistieron jueces que componen el Pleno de esta alta corte, el ministro de Justicia, la ministra de la Mujer, el presidente del Senado de la República, legisladores, jueces de altas cortes y de distintas jurisdicciones del país, representantes del sistema de justicia, miembros del cuerpo diplomático, académicos, estudiantes, así como representantes de diversos sectores nacionales.
Al dar la bienvenida, la magistrada Army Ferreira, coordinadora de la Comisión de Igualdad de Género del Tribunal Constitucional, destacó que este primer encuentro regional representa una oportunidad para compartir experiencias y reflexionar sobre los avances alcanzados en el reconocimiento del papel de las mujeres en los más altos órganos jurisdiccionales.
La magistrada afirmó que la perspectiva de la mujer en la administración de justicia contribuye a construir sistemas más inclusivos, participativos e igualitarios y aporta un equilibrio importante entre garantía y orden, rigurosidad en el análisis y valentía en la defensa de los valores democráticos.
En ese sentido, expresó que «las actuales juezas debemos garantizar con nuestro proceder seguir abriendo oportunidades para futuras generaciones de mujeres que reflejan en nosotras su futuro».
Asimismo, reconoció el legado de las primeras juezas del Tribunal Constitucional, cuyas decisiones establecieron precedentes trascendentales en materia de igualdad de derechos de las mujeres, participación política y protección del derecho a la educación de niñas y adolescentes.
Como parte de la agenda académica se desarrolló el panel «La paridad de género en las altas cortes: retos e impacto sustantivo en la administración de justicia», en el que participaron Karla Andrade Quevedo, vicepresidenta de la Corte Constitucional del Ecuador; Nancy Yáñez Fuenzalida, ministra del Tribunal Constitucional de Chile; Nancy Salcedo, jueza de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana; Sonia Díaz Inoa, jueza del Tribunal Constitucional dominicano; y Hermenegilda Fondeur Ramírez, pasada jueza titular del Tribunal Superior Electoral. El panel fue moderado por Lilly Acevedo, presidenta de la Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual.
Durante el diálogo, las panelistas compartieron las experiencias de sus respectivos países y analizaron los avances, desafíos y el impacto de la representación femenina en los más altos órganos judiciales, destacando cómo una mayor participación de las mujeres fortalece la legitimidad institucional, enriquece la deliberación judicial y contribuye a una justicia más cercana e inclusiva.
Posteriormente, la jurista colombiana Silvia Serrano, codirectora del Centro para la Salud y los Derechos Humanos del Instituto O’Neill de la Universidad de Georgetown, dictó la conferencia magistral «La paridad de género en las altas cortes: de la representación formal al impacto sustantivo en la administración de justicia», en la que abordó los principales desafíos que aún enfrenta la región para avanzar hacia una representación más equitativa de las mujeres en los máximos órganos judiciales.
Asimismo, Serrano afirmó que la paridad de género en la función pública es un principio democrático y destacó cómo el rol de las féminas en la judicatura contribuye a la igualdad sustantiva de las mujeres.
Con esta iniciativa, el Tribunal Constitucional reafirma su compromiso con la promoción de la igualdad, el fortalecimiento del diálogo regional y la consolidación de instituciones judiciales más representativas, inclusivas y comprometidas con la protección de los derechos fundamentales.