Pedro Brand, Santo Domingo.— Los comunitarios Alex Reyes y Yeison Melo pidieron al Gobierno intervenir ante la situación que se registra en La Cuaba, donde grupos comunitarios continúan obstaculizando la entrada al lugar donde se proyecta la construcción de una planta recicladora y de manejo de residuos sólidos.
El llamado se produce luego de que el Tribunal Superior Administrativo (TSA) rechazara el recurso de medida cautelar presentado por organizaciones de La Cuaba, mediante el cual buscaban obligar al Ministerio de Medio Ambiente a suspender los permisos otorgados para el proyecto.
El TSA consideró que no estaba suficientemente configurado el requisito de la apariencia de buen derecho para adoptar la medida solicitada. Asimismo, señaló que la licencia ambiental fue emitida por el órgano con facultad legal para ello y que el manejo y valorización de residuos sólidos constituye una actividad de interés público, sometida a regulación y control ambiental.
Las organizaciones comunitarias habían alegado, entre otros aspectos, una supuesta ausencia de estudios, incumplimiento de condiciones y posibles afectaciones a recursos hidráulicos y al entorno ambiental de la comunidad.
Ante este escenario, Alex Reyes manifestó su preocupación por las acciones que se han producido en los alrededores del proyecto y solicitó al Gobierno actuar para evitar que el conflicto pueda derivar en una situación de mayor gravedad.
Reyes denunció que durante la noche del martes fueron incendiados neumáticos en las proximidades de una estación de combustible, situación que, según advirtió, pudo provocar un incendio de mayores proporciones y poner en peligro a cientos de familias de la zona.
“Estamos haciendo un llamado al Gobierno para que intervenga antes de que ocurra una tragedia. Una cosa es reclamar por una comunidad y otra muy distinta es realizar acciones que puedan poner en peligro la vida de cientos de familias”, expresó Reyes.
De su lado, el también dirigente comunitario de Pedro Brand, Yeison Melo, consideró que las autoridades deben poner orden en la zona y evitar que grupos interesados continúen realizando acciones que alteren la tranquilidad de la comunidad.
Melo sostuvo que las diferencias en torno al proyecto deben ser discutidas por las vías institucionales y advirtió sobre lo que calificó como intentos de utilizar la situación con fines políticos.
“Hay que poner orden y evitar que grupos interesados sigan haciendo desorden con fines políticos. Las comunidades tienen derecho a reclamar, pero también deben respetarse las leyes y la seguridad de todos”, afirmó Melo.
Los dirigentes comunitarios coincidieron en que cualquier diferencia relacionada con el proyecto debe ser canalizada mediante las instituciones correspondientes y dentro del marco de la ley, evitando acciones que puedan representar un riesgo para residentes, trabajadores y personas que transitan por el área.
Durante la audiencia ante el TSA, el Ministerio de Medio Ambiente defendió la licencia ambiental otorgada, indicando que esta contempla mecanismos permanentes de supervisión, seguimiento y control, incluidos programas de manejo y adecuación ambiental, informes de cumplimiento, inspecciones y auditorías.
Reyes y Melo reiteraron su llamado a las autoridades para que mantengan una vigilancia permanente en la zona y propicien un diálogo entre las partes, con el objetivo de preservar la seguridad de la población y evitar nuevos incidentes.