La Dirección General de Migración (DGM) sometió a la justicia a 270 personas vinculadas en 198 casos por diversos delitos que incluyen la violación a la Ley General de Migración núm. 285-04, en hechos ocurridos durante el periodo de enero y agosto del 2026.
El informe estadístico del órgano regulador involucra a 179 ciudadanos dominicanos, 90 haitianos y 1 de nacionalidad canadiense, y establece que el delito de falsificación y uso de documentos falsos constituyó el principal delito procesado, con un total de 99 expedientes presentados ante las autoridades judiciales.
El desglose tipológico señala que, además del tráfico de personas, se tramitaron 85 casos por tráfico ilícito de migrantes, 4 por usurpación de funciones e identidad, 1 por golpes y heridas, 5 por extorsión, robo, soborno, cohecho y estafa, 2 por rebelión a la autoridad, 5 por tentativa de homicidio, amenaza y daños a la propiedad privada, 1 accidente de tránsito y 1 relacionado con sustancias ilícitas.
A los sometidos ante el Ministerio Público se les impusieron diversas medidas de coerción, entre ellas prisión preventiva, garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica.
En el caso de los ciudadanos de nacionalidad haitiana, todos fueron devueltos a su país de origen a través de los puestos de control fronterizos, mientras que otros expedientes continúan pendientes de audiencia ante el juez de instrucción correspondiente. Entre los imputados figura además un ciudadano canadiense, quien cumple prisión preventiva por su presunta vinculación con el tráfico ilícito de migrantes.
En el ámbito geográfico, el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), en Santo Domingo Este, concentró la mayor cantidad de expedientes judicializados con 50 casos, seguido por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana(AIPC), con 36; Peravia, con 14; Santo Domingo Oeste, con 13; San Juan, con 11, y Barahona, con 10. Asimismo, Montecristi, Dajabón y Santiago registraron ocho casos cada una, mientras que Azua contabilizó siete.
Los 33 casos restantes se distribuyeron entre otras 14 provincias y demarcaciones del territorio nacional. Los imputados operaban transportando extranjeros con estatus migratorio irregular por vía terrestre o intentando trasladarlos a través de aeropuertos mediante el uso de documentación falsa, siendo la mayoría de los migrantes involucrados de nacionalidad haitiana.
Las acciones fueron instruidas por el director general de la DGM, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester (ARD), en cumplimiento de las normativas vigentes sobre control migratorio.