Veintitrés acciones directas de inconstitucionalidad sobre asuntos que abarcan desde derechos vinculados a la inclusión y la participación política hasta disposiciones en materia penal, laboral, ambiental, sanitaria y tributaria fueron conocidas este miércoles por el Tribunal Constitucional (TC), en una audiencia pública que destacó tanto por la cantidad como por la diversidad de los casos sometidos.
La jornada refleja el alcance de la labor del Tribunal como garante de la supremacía de la Constitución y de los derechos fundamentales, a través del control de constitucionalidad de normas y disposiciones que tienen incidencia en distintos ámbitos de la vida nacional.
Los expedientes conocidos comprenden temas vinculados con el Código Penal y el Código Procesal Penal, el régimen electoral, la gestión integral de residuos sólidos, el medioambiente, la salud, la facturación electrónica, la legislación sobre drogas, el lavado de activos, el derecho laboral, el registro inmobiliario y el ámbito tributario, entre otras materias de interés público.
La audiencia también contó con condiciones de accesibilidad para facilitar la participación de personas con discapacidad motora y auditiva. Para estas últimas, el Tribunal dispuso interpretación en lenguajede señas, permitiendo el seguimiento efectivo de las intervenciones y del desarrollo de la jornada.
Entre los expedientes conocidos figura el TC-01-2026-0026, interpuesto por la Comunidad de Lesbianas Inclusivas Dominicanas (COLESDOM) y Rosalba Karina Díaz Crisóstomo, contra el artículo 173 de la Ley núm. 74-25, que instituye el Código Penal.
En este proceso participaron como intervinientes voluntarios organizaciones de diversos sectores y personas interesadas en los aspectos constitucionales planteados, en un caso relacionado con el acceso a una justicia constitucional inclusiva.
Predominan los expedientes electorales y penales
El tema electoral fue, de nuevo, el que alcanzó la mayor cantidad de expedientes que serán debatidos en la audiencia de este miércoles, con un total de seis acciones directas de inconstitucionalidad. El primero fue el expediente TC-01-2026-0024, presentado por Pedro Julio Abreu Columna; seguido por el TC-01-2026-0029, cuyo accionante fue José Cristopher Ramírez, y el TC-01-2026-0038, interpuesto por José Antonio Cabral Salcedo e Isaías Ramos Guzmán, que atacan normas emanadas del Senado y la Cámara de Diputados.
Relacionados con el mismo tema, los jueces revisaron los expedientes TC-01-2026-0039, que tuvo como accionante Observatorio Dominicano por la Integridad Pública y la Justicia, Inc. (ODIPJ), y el TC-01-2026-0043, presentado por Puedo Unidad Electoral Dominicana, que también atacan normas sobre el tema emanadas del Senado y la Cámara de Diputados, y el TC-01-2026-0030, introducido por Yojanny Patricia Capellán Frías, Adriano Bocio Montero, Alejandrina de los Santos Contreras, Luis José Guichardo Rosa, Amada Mateo Marte, Wilmer Gil y Clariluz Bueno, que ataca actos del Tribunal Superior Electoral y la Comisión de Justicia Electoral del PLD.
En materia penal, el Tribunal Constitucional conoció cinco acciones relacionadas con decisiones emanadas del Código Procesal Penal. Aparte del expediente TC-01-2026-0026, sobre inclusión están el TC-01-2026-0023, introducido por Guillermo Andrés Castillo Cueto, contra el art; 29 del Código Procesal Penal; el TC-01-2026-0040, presentado por Fernando Almonte Almonte, y el TC-01-2026-0042, presentado por el Colegio Médico Dominicano (CMD) y el TC-01-2026-0044, presentado por Ricardo Augusto Ripoll García y Eduardo Daniel Sánchez Tolentino, que atacan artículos del Código Penal.
Más temas de interés nacional
En lo que se refiere a la gestión integral y el procesamiento de los residuos sólidos, los jueces del TC abordaron dos expedientes que atacan artículos de la Ley 225-20 General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos; el TC-01-2026-0001, presentado por VENTANET, S.R.L., y TC-01-2026-0002, que tuvo como accionantes a varias asociaciones involucradas en el tema, como la Confederación Dominicana de Pequeña y Mediana Empresa, INC., la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (ANEI) y Asociación Nacional de Mujeres Empresarias, Ejecutivas y Profesionales, INC. (ANMEPRO).
También conocieron el expediente TC-01-2025-0056, interpuesto por la Asociación para la Protección del Medio Ambiente y del Turismo en la Zona de Cabarete y Sosúa, INC. (ASOPROCASO), y el señor Ricardo Augusto Ripoll García, contra la resolución 11-19 de la Junta de Vocales del Distrito Municipal de Cabarete y el Acta de Sesión Extraordinaria 10-23.
El tema de lavado de activos también estuvo presente en esta audiencia pública, donde los jueces del TC analizaron los expedientes TC-01-2026-0037, presentado por Ramón David Hernández, contra el art. 23 de la Ley 155-17 sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo y el art 45 de la Ley 340-22 que regula el proceso de extinción de dominio y bienes ilícitos.
El pleno también vio los expedientes TC-01-2026-0027, interpuesto por Affe Gutiérrez Gil contra distintas leyes relativas a drogas y sustancias controladas en el país, y TC-01-2026-0036, cuyo accionante fue la empresa farmacéutica Farma Value RD, S.R.L. que ataca el art 103 de la Ley 42-01 General de Salud.
Reunidos en la sede principal del órgano constitucional, los magistrados también conocieron el expediente TC-01-2026-0031, presentado por Martín Hidalgo Rodríguez, contra el art 200 del Código de Trabajo, así como el TC-01-2026-0032, sobre registro inmobiliario, presentado por Manuel de Jesús Almonte Polanco, Alfry Antonio Gómez Rosado, Roberts Emmanuel Peña Vargas y Newton Francisco Brito Núñez, que ataca el art 2 de la Ley 108-05 y el TC-01-2026-0033, relacionado con facturación electrónica, interpuesto por Ruddys Antonio Mejía Tineo.
La diversidad de temas examinados por el Tribunal Constitucional incluyó el crecimiento económico y las licencias de conducir, entre otros. El ese orden, esta alta corte conoció los expedientes TC-01-2026-0041, introducido por Emprendedores Unidos por el Desarrollo y la Libertad INC., EMUDELI; el TC-01-2026-0025, presentado por Hanly Darico Terrero Ramírez, y el TC-01-2026-0028, interpuesto por Martina de los Santos.
La acción directa de inconstitucionalidad como garantía constitucional
La acción directa de inconstitucionalidad es uno de los mecanismos previstos por el ordenamiento jurídico dominicano para garantizar la supremacía de la Constitución. Permite acudir ante el Tribunal Constitucional para cuestionar leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y otras disposiciones cuando se considera que resultan contrarias a la carta magna.
A través de este mecanismo, el Tribunal ejerce una de sus atribuciones esenciales: determinar la conformidad de las normas con la Constitución y garantizar que el ejercicio del poder público se mantenga dentro de los límites y principios establecidos por esta.
Este procedimiento está contemplado en el artículo 185, numeral 1, de la Constitución de la República y regulado por los artículos 38 al 50 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.
Las audiencias públicas constituyen, además, un ejercicio de transparencia y acceso a la justicia constitucional, al ofrecer un espacio para que accionantes, las autoridades de las cuales emana la norma y los intervinientes presenten ante el pleno sus planteamientos respecto de las normas y disposiciones cuya conformidad con la Constitución ha sido cuestionada.
La cantidad y diversidad de asuntos conocidos en esta jornada muestran la incidencia del control constitucional en múltiples dimensiones de la vida nacional y el papel del Tribunal Constitucional en la protección de los derechos fundamentales y la preservación del orden constitucional.