Durante la celebración de un panel sobre análisis jurídico y social de la violencia doméstica, la magistrada Army Ferreira, jueza del Tribunal Constitucional (TC), abogó por un cambio cultural desde la formación familiar, social y educativa para erradicar la violencia de género e intrafamiliar pues, como afirmó, no basta con la creación de normativas.
La idea fue compartida durante su participación en el panel «Rompiendo el silencio: un análisis jurídico y social de la violencia doméstica en la República Dominicana», que se desarrolló como parte del quinto viaje de la delegación oficial de senadores de Nueva York a la República Dominicana, encabezada por el senador Luis Sepúlveda.
En su exposición, la jueza indicó que República Dominicana cuenta con un buen marco normativo respecto al tema y forma parte de importantes instrumentos internacionales de protección de los derechos de las mujeres; sin embargo —añadió— aún persisten patrones culturales que pueden contribuir a la desigualdad.
Manifestó que la construcción de una sociedad libre de violencia requiere desmontar estereotipos y promover una cultura de igualdad que reconozca plenamente las capacidades de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social, económica y política.
La jueza constitucional señaló que una de las ideas más arraigadas en muchos hogares es la creencia de que el hombre es la cabeza del hogar, una premisa que, aunque suele asumirse con normalidad, dijo, influye en la forma en que se educa a las niñas y se construyen sus expectativas sobre su papel en la sociedad.
«Entonces, partiendo de esta premisa, nuestras niñas son criadas bajo el parámetro de que jamás tendrán la capacidad de dirigir, sino que tienen la necesidad de ser dirigidas. Y esa sola frase es una manifestación sutil de la más grande manifestación de violencia contra la mujer», expuso en el evento que contó con la participación de jueces, académicos, abogados y legisladores dominicanos y neoyorquinos.
En ese sentido, precisó que esta visión se proyecta más allá del ámbito familiar y se refleja en la sociedad, donde las mujeres continúan enfrentando barreras para acceder a espacios de toma de decisiones, dirección y alta responsabilidad.
Es por ello que consideró fundamental impulsar un cambio cultural que permita reconocer a las mujeres como personas plenamente capaces de liderar y desempeñar cualquier función en igualdad de condiciones.
La magistrada Ferreira recordó que la Constitución dominicana reconoce el derecho de todas las personas a la integridad física, psíquica y moral, así como a vivir una vida libre de violencia, y que condena expresamente la violencia contra la mujer e intrafamiliar.
Al respecto, explicó que el papel del Estado no se limita a la creación de leyes, sino que también abarca la implementación de programas de prevención, la persecución de los responsables, la protección integral de las víctimas y la garantía de que las normas sean efectivas en la práctica.
Sobre este punto, la jueza constitucional reconoció que existen deficiencias en el sistema, por lo que hizo varias recomendaciones, entre ellas fortalecer la especialización de los profesionales que intervienen en los casos de violencia de género e intrafamiliar, pues consideró que una atención adecuada a las víctimas comienza con personal debidamente capacitado.
Asimismo, valoró positivamente la experiencia de los centros conductuales para hombres que funcionan bajo la coordinación de instituciones estatales, al indicar que estos espacios permiten trabajar los aspectos psicológicos y conductuales de los agresores durante el proceso judicial, por lo que planteó extender este modelo a más provincias y municipios, especialmente en las demarcaciones con mayor concentración poblacional.
La jueza también propuso ampliar la red de casas de acogida para víctimas de violencia intrafamiliar, sugiriendo la creación de al menos una por cada distrito judicial. Explicó que estos espacios deberían ofrecer una atención integral que incluya alojamiento seguro, asistencia psicológica, acompañamiento durante los procesos judiciales y capacitación para la inserción laboral.
A su juicio, fortalecer la autonomía económica de las mujeres también constituye una herramienta fundamental para romper los ciclos de violencia y contribuir a su desarrollo integral y a su autosuficiencia.
En el panel también participaron Daisy Montás, jueza de la Corte de Apelación del Distrito Nacional; Fiordaliza Rodríguez, jueza del sistema judicial del Estado de Nueva York; Michelle Perezfuente Hiciano, abogada litigante y exjueza del Poder Judicial dominicano, y Senaya Hernández, abogada titular del servicio de acompañamiento legal a víctimas de Profamilia. La moderación estuvo a cargo de María Lizardo, directora ejecutiva de la Northern Manhattan Improvement Corporation (NMIC).