Santo Domingo.- El Ministerio Público presentó formal acusación y solicitó apertura a juicio en contra de un hombre procesado por comunicar una falsa alerta de bomba al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), hecho que provocó la activación de protocolos de emergencia aeroportuaria, el retorno de una aeronave en pleno vuelo y la suspensión temporal de operaciones aéreas.
La acusación contra Ángel del Pino Cuya, también identificado como Ricardo Casas, fue depositada ante el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo por el Ministerio Público, representado por el procurador fiscal Andrés Mena, con funciones en la Dirección de Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales, junto a las fiscales Felbelys Rosario y Ana Sánchez, adscritas a la Fiscalía de Santo Domingo Este.
De acuerdo con la investigación, el acusado realizó una llamada telefónica, el 6 de enero de 2026, comunicando falsamente la existencia de un artefacto explosivo en el vuelo CM-299 de la aerolínea Copa Airlines. Como consecuencia de esa información, las autoridades aeroportuarias activaron los planes de contingencia y emergencia establecidos para este tipo de amenazas, ordenando, incluso, el retorno de la aeronave y la aplicación de exhaustivos protocolos de seguridad.
El acusado cumple prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, del municipio San Antonio de Guerra, de la provincia Santo Domingo.
Amplia investigación técnica y científica
El Ministerio Público destacó que la acusación está sustentada en una robusta estructura probatoria compuesta por pruebas testimoniales, documentales, periciales, materiales y procesales obtenidas durante la investigación, que contó con la colaboración de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Entre las principales evidencias figura el registro de la llamada realizada al centro de atención de AERODOM mediante la plataforma tecnológica Amazon Connect, cuya grabación fue preservada y, posteriormente, transcrita como parte de la investigación. Asimismo, las certificaciones emitidas por las compañías telefónicas permitieron establecer el origen de la comunicación y vincular el número utilizado con el dispositivo empleado por el acusado.
La investigación, también, contó con informes técnicos elaborados por especialistas de AERODOM, de la División de Investigación de Delitos Informáticos (DIDI) de la Dirección Nacional de Inteligencia, así como con documentación oficial del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), que acreditan la activación de los protocolos de emergencia y las afectaciones operacionales generadas por comunicación telefónica con información falsa de bomba.
Evidencia digital y análisis forense
Uno de los elementos de mayor relevancia fue el trabajo de análisis forense digital practicado al teléfono móvil ocupado al acusado durante su arresto.
Los expertos lograron recuperar registros, metadatos y evidencias digitales que permitieron corroborar la existencia de la llamada realizada al número de servicio al cliente del Aeropuerto Internacional Las Américas.
De igual manera, el Ministerio Público incorporó al proceso informes forenses de análisis de evidencia digital que vinculan el aparato telefónico ocupado al acusado con la comunicación realizada el día de los hechos.
A ello se suma un peritaje de acústica forense efectuado por especialistas de la Policía Científica, cuyos resultados concluyeron que la voz registrada en los audios de la llamada corresponde al acusado Ángel del Pino Cuya, estableciendo una relación científica entre el contenido grabado y la identidad del acusado.
Calificación jurídica
El Ministerio Público sostiene que los hechos atribuidos al acusado constituyen infracciones previstas y sancionadas por la Ley núm. 188-11 sobre Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, y por la Ley núm. 267-08 sobre Terrorismo, al considerar que la conducta desplegada generó una situación de alerta que comprometió la seguridad operacional aeroportuaria del país, provocó la interrupción de las operaciones aeronáuticas, el desvío de vuelos hacia otras terminales y la activación de mecanismos extraordinarios de respuesta institucional.
La institución reafirmó su compromiso con la protección de la seguridad pública, la seguridad aeroportuaria y la persecución efectiva de conductas que pongan en riesgo infraestructuras críticas y servicios esenciales para el país.