Santo Domingo.- El Ministerio Público solicitará este miércoles 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo contra 26 personas arrestadas en la denominada Operación Cobra 2.0-A, investigación que vincula a exempleados del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y médicos con un presunto esquema de corrupción y sustracción de fondos públicos.
La solicitud será conocida a las 2:00 de la tarde, luego de que el juez Rigoberto Sena aplazara la audiencia debido a que los abogados de la defensa pidieron tiempo para estudiar las numerosas pruebas depositadas por el órgano acusador.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), afirmó que entre las evidencias obtenidas figuran autorizaciones médicas que habrían sido facturadas y cobradas al SeNaSa por procedimientos que no fueron realizados.
“El Ministerio Público ha encontrado autorizaciones médicas facturadas y cobradas al SeNaSa, procedimientos que no fueron realizados”, declaró Ortiz.
Según la representante del Ministerio Público, la investigación apunta a un supuesto esquema organizado desde el SeNaSa, con participación de exempleados de la institución y médicos que tenían códigos asignados para prestar servicios.
Incorporan a una nueva imputada
Durante la audiencia también fue depositada la solicitud de medida de coerción contra la doctora Ysabel Heredia Vallejo, quien se entregó a las autoridades el lunes y fue incorporada al proceso.
Ortiz explicó que la incorporación de la nueva imputada, sumada a la solicitud de las defensas para disponer de más tiempo para analizar las evidencias, motivó el aplazamiento de la audiencia.
¿Qué pide el Ministerio Público?
Además de los 18 meses de prisión preventiva, los fiscales solicitan que el caso sea declarado complejo debido a la pluralidad de hechos, víctimas y posibles implicados, así como por la alegada existencia de elementos de delincuencia organizada.
Entre los 26 imputados figuran Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez, Ysabel Heredia Vallejo y otros médicos vinculados a la investigación.
El Ministerio Público atribuye a los investigados delitos como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
La Operación Cobra 2.0-A forma parte de una investigación iniciada con la Operación Cobra, mediante la cual fue arrestado el año pasado el entonces director del SeNaSa, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, junto a otros imputados.
El órgano acusador sostiene que ha identificado presuntas maniobras fraudulentas para distraer recursos públicos y que busca establecer responsabilidades penales y recuperar los fondos que, según su investigación, habrían sido sustraídos al Estado.
El proceso también se relaciona con otras líneas investigativas, entre ellas la Operación Onco14, ejecutada en junio y dirigida contra personas señaladas por el Ministerio Público de presuntamente cometer irregularidades en perjuicio del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, el Instituto Oncológico Regional del Cibao y el SeNaSa.
La audiencia de medida de coerción continuará este miércoles 23 de septiembre, a las 2:00 de la tarde, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.