Santo Domingo.- A solicitud del Ministerio Público, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso prisión preventiva, como medida de coerción, a dos mujeres imputadas junto a otra por tráfico de menores de edad desde República Dominicana hacia las islas de Tórtola y Dominica.
La prisión preventiva por tres meses le fue impuesta a las imputadas Adolfina Paula Pimentel y a Cristian Del Carmen Rosario Rodríguez, quienes deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal.
En tanto que una garantía económica de RD$50 mil mediante compañía aseguradora y presentación periódica ante el Ministerio Público le fue impuesta a Yaribel Cristina Esquea.
El tribunal también declaró el caso de tramitación compleja.
La procuradora de corte Yoanna Bejarán Alvárez, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), presentó la solicitud de medida de coerción, junto a Roberto Antonio Reyes Torres, Diógenes Quezada y Felbelys Rosario, integrantes del Ministerio Público adscritos a ese órgano especializado y a la Fiscalía de Santo Domingo Este y Norte, respectivamente.
Según establece la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, hasta el momento han sido identificadas tres víctimas adolescentes con edades de 14 y 16 años, quienes se encuentran bajo cuidado y protección de las autoridades.
La PETT, la Fiscalía de Santo Domingo Este, la Unidad Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas del Ministerio Público y el Departamento de Investigaciones de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional iniciaron una investigación en contra de las imputadas al establecer su vinculación al tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, en la modalidad de transporte de personas por vía aérea mediante la suplantación de identidad, así como a la suplantación de identidad para traficar y tratar niños desde la República Dominicana hacia las islas de Tórtola y Dominica.
La instancia detalla que en fecha ocho (08) del mes de octubre del año dos mil veintiséis (2026), la investigada Adolfina Paula Pimentel se presentó en el área de control migratorio del Aeropuerto Internacional de Las Américas, conjuntamente con dos de las víctimas con la intención de abordar un vuelo con destino a la isla de Tórtola y, posteriormente, a la isla de Dominica.
Indica que en el área de inspección presentó los permisos de control migratorio de salida núm. 00174-2610, 00175-2610 y 00876-2750, los cuales, al ser verificados por un inspector, permitieron determinar que el último de estos era falso. Al detectar dicha irregularidad, el inspector procedió a trasladar a la investigada Pimentel, así como a las dos adolescentes a la sala de investigación migratoria.
Mientras las autoridades entrevistaban a las adolescentes, fue posible determinar que estas solo se comunicaban en creole, hecho que llamó la atención, toda vez que en los pasaportes que portaban se establecía que eran de nacionalidad dominicana.
Las autoridades procedieron a cuestionar a Pimentel sobre la identidad de dichas menores y su vinculación con estas, manifestando la imputada que no las conocía y que otras personas, a quienes tampoco conocía, les habían entregado a las adolescentes en la terminal aeroportuaria. Pimentel fue arrestada en flagrante delito.
Durante el desarrollo de las investigaciones, fue obtenida una certificación emitida por la Dirección General de Pasaportes, en la que se hace constar que los pasaportes utilizados por las adolescentes habían sido emitidos entre el 22 y el 28 de septiembre de 2026, utilizando registros de nacimiento de adolescentes de nacionalidad dominicana, hijas de padres residentes en la localidad de Villa Mella, Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo.
Según consta en la solicitud de medida de coerción a la imputada Esquea le habían ofrecido dinero para que facilitara los datos de sus hijas, con la finalidad de hacer pasar a otras niñas como si fueran sus hijas, obtener pasaportes a nombre de estas y sacarlas del país, propuesta que aceptó.
Rosario Rodríguez también le dijo a Esquea que le entregaría dinero para sacar a una de las víctimas del país.
Los magistrados Roberto Antonio Reyes Torres y Diógenes Quezada representaron al Ministerio Público en la audiencia donde juez Leomar Cruz Quezada, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, impuso las medidas de coerción a las imputadas.