Santo Domingo.- Una jueza impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a un hombre imputado por la muerte de su pareja sentimental, en un hecho ocurrido el pasado 18 de octubre de 2026, en el distrito municipal Los Jovillos, del municipio de Azua, de la provincia del mismo nombre.
Arcadio Montero de Oleo, quien es procesado por matar de un disparo en la cabeza a su pareja sentimental Mayra Alejandra Lara (Tata), deberá cumplir la prisión en la cárcel del Kilómetro 15 de Azua.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el hecho ocurrió aproximadamente a las 11:00 de la noche en la residencia de la víctima, ubicada en la calle Luperón, donde esta se encontraba en compañía de una hija adolescente, de 15 años de edad. Montero de Oleo enfrenta cargos por feminicidio agravado.
Conforme a las informaciones contenidas en el informe psicológico practicado a la adolescente, el imputado se presentó en la vivienda y sostuvo una discusión con la víctima. Posteriormente, mientras la señora Lara le llevaba la cena, el hombre le realizó el disparo mortal.
Tras el hecho, el Ministerio Público, conjuntamente con miembros de la División de Investigaciones de la Policía Nacional y el médico legista, se trasladó a la residencia de la víctima, donde realizaron el procesamiento de la escena y el levantamiento del cadáver. Conforme al acta correspondiente, la señora Lara presentaba una herida por arma de fuego en la región auricular derecha, con orificio de salida en la región izquierda.
Como resultado de las diligencias investigativas, el Ministerio Público, representado por el fiscal Franklyn Vicente, presentó ante el tribunal elementos de prueba que permiten establecer vínculos suficientes entre el imputado y el hecho que se le atribuye.
La jueza Dayana Gil, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Azua, impuso la medida de coerción privativa de libertad como solicitó el Ministerio Público, al considerar procedente la petición conforme a los elementos presentados durante la audiencia.
El Ministerio Público ha otorgado provisionalmente al hecho la calificación jurídica de feminicidio agravado, conforme a los artículos 91, 92, 93 y 94, numeral 2, del nuevo Código Penal dominicano (Ley núm. 74-25), sin perjuicio de la calificación jurídica que corresponda conforme al desarrollo de la investigación.