La magistrada Army Ferreira, jueza del Tribunal Constitucional (TC), advirtió sobre los riesgos que plantea el uso de la inteligencia artificial en la administración de justicia, al considerar que delegar en esta tecnología decisiones que afectan derechos fundamentales compromete la función judicial y los principios del Estado constitucional.
Al participar en el Foro de Jueces de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), celebrado en Suiza, la magistrada afirmó que, aunque la inteligencia artificial ha contribuido al desarrollo industrial y tecnológico, su aplicación en el ámbito judicial plantea desafíos importantes.
«La justicia no es un proceso industrial que demanda respuestas automáticas de manufactura a gran escala, sino un proceso judicial que requiere individualización, independencia, juez natural y tratamiento humano», expresó la jueza Ferreira, quien no se opone al uso de las herramientas digitales, sino al peligro que supone que los jueces las utilicen sin antes verificar y analizar su repercusión.
En ese sentido, mencionó que los riesgos asociados al uso de la inteligencia artificial abarcan aspectos éticos, sociales y de privacidad que pueden tener consecuencias significativas en la vida de las personas.
Entre ellos destacó los sesgos algorítmicos, que se producen cuando los sistemas de IA replican o amplifican prejuicios existentes. También señaló la recopilación masiva de información personal para alimentar estos modelos, que incrementa los riesgos para la privacidad; la generación de información inexacta por parte de modelos lingüísticos; la falta de transparencia de muchos sistemas avanzados, y la creciente dependencia tecnológica, que podría disminuir habilidades humanas fundamentales.
«Luego de verificar los riesgos, debemos sincerar la conversación, y hacernos la pregunta, ¿cuál es la labor de nosotros los jueces? Nosotros lo que hacemos es tomar decisiones que afectan derechos de las personas, derechos fundamentales», cuestionó la magistrada Ferreira.
Uso de la IA en República Dominicana
Precisó que en la administración de justicia es cada vez más común el uso de estas herramientas para gestionar procesos, documentar actuaciones y procesar pruebas, lo que hace más eficiente el trabajo de los actores del sector. La República Dominicana no ha sido ajena a esta tendencia.
La jueza explicó que en el país ya se han dictado fallos con el auxilio de la IA. La Sentencia núm. 249-04-2025-SSEN-00095, emitida el 14 de agosto de 2025 por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, marcó un hito al convertirse en el primer fallo judicial de gran relevancia en la República Dominicana que admitió y declaró formalmente el uso de la IA en su fundamentación.
Asimismo, la Sentencia núm. SCJ-SS-26-0176, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, aborda un caso de violencia intrafamiliar que se convierte en un precedente fundamental en materia procesal debido a que involucró la supuesta adulteración de un video mediante el uso de la IA como estrategia de defensa.
Otro ejemplo es el plan piloto creado por el Poder Judicial dominicano, con el apoyo de la IA, para la tramitación automática de las solicitudes de prescripción de multas de tránsito. El proyecto inició de forma piloto en el Tribunal de Tránsito del Distrito Nacional y, tras su éxito inicial, se expandió para dar cobertura a nivel nacional. Esto logró reducir en un 86 % el tiempo de respuesta para tramitar la prescripción de multas de tránsito.
La magistrada Ferreira concluyó su exposición con una frase del profesor Luis Greco, tomada de su conferencia «El juez robot»: «El proceso penal tiene alma… la IA puede producir sonidos, pero nunca hará música».