Santo Domingo. – El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, recibió este jueves el proyecto de Ley General de Concesiones de Bienes, Servicios y Obras Públicas, depositado por el Poder Ejecutivo con el objetivo de regular las concesiones en el país y fortalecer el sistema de contrataciones públicas.
La iniciativa tiene por objeto regular el régimen jurídico aplicable a las concesiones de bienes, servicios y obras públicas, así como los procedimientos para su planificación, adjudicación, formalización, ejecución, supervisión, modificación y terminación, con el fin de asegurar la prestación eficiente de servicios públicos y la adecuada gestión de bienes y obras públicas.
Al recibir la propuesta, Ricardo de los Santos informó que será colocada en agenda para su conocimiento y posterior remisión a una comisión legislativa para su estudio, antes de ser conocida por el pleno del Senado.
“Ustedes saben que nosotros lo que recibimos es la materia prima; esa materia prima la enviamos a comisión, la comisión nos devuelve un producto preterminado y, en el hemiciclo, se aprueba el producto final.”, expresó el presidente de la Cámara Alta, al explicar el procedimiento legislativo que deberá agotar la iniciativa.
De su lado, el subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, Maireni Rivas, destacó que el proyecto busca complementar las transformaciones del Estado dominicano mediante la incorporación de un marco legal para las concesiones de bienes, servicios y obras públicas.
En tanto, el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, explicó que la propuesta procura cubrir la ausencia de una regulación específica sobre esta modalidad contractual en el país.
“Este proyecto busca fortalecer el régimen de contrataciones de la República Dominicana, integrando una modalidad contractual, como son las concesiones, que no está regulada en la República Dominicana. Esta ausencia motivó la necesidad de elaborar este proyecto de ley que estamos depositando en el día de hoy en el Senado de la República”, manifestó Pimentel.
El funcionario agregó que la aprobación de la iniciativa contribuiría a consolidar el sistema nacional de contrataciones públicas, complementando los avances alcanzados con la reciente aprobación de la legislación en esa materia.
El proyecto deberá agotar el proceso legislativo correspondiente en el Congreso Nacional antes de una eventual aprobación y posterior remisión a la Cámara de Diputados.
Acompañaron al presidente del Senado, Carlos Pimentel, director general de Contrataciones Públicas; Maireni Rivas, subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo; y Esteivin Acosta, especialista legal de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
SOBRE EL ANTEPROYECTO
La propuesta establece las reglas para la planificación, selección, adjudicación, formalización, ejecución, supervisión, modificación y terminación de los contratos de concesión, con el propósito de fortalecer la transparencia, la seguridad jurídica y la eficiencia en la gestión de los bienes, las obras y los servicios públicos.
El proyecto contempla la creación del Sistema Nacional de Concesiones Públicas, con la Dirección General de Contrataciones Públicas como órgano rector y el Consejo Nacional de Concesiones como instancia deliberativa encargada de conocer y adoptar decisiones sobre los proyectos en los casos previstos en la iniciativa.
Entre sus principales disposiciones, establece la licitación pública nacional o internacional como mecanismo para seleccionar a los concesionarios, además de criterios objetivos de evaluación, mecanismos de publicidad de los procedimientos y obligaciones de supervisión y rendición de cuentas.
Asimismo, incorpora medidas para prevenir conflictos de interés y limitar la participación de personas físicas y jurídicas que se encuentren dentro de las prohibiciones e inhabilidades previstas en la propuesta. También establece un régimen de infracciones y sanciones ante incumplimientos e irregularidades.
La iniciativa regula, además, la duración de los contratos, sus modificaciones y prórrogas, la asignación de riesgos entre el Estado y el sector privado, la supervisión financiera de los proyectos y las condiciones para garantizar la continuidad de los servicios públicos.