El exlegislador advierte que la falta de sentencias definitivas en casos de corrupción administrativa genera frustración y desconfianza en la población dominicana.
Santo Domingo, RD. – El exdiputado y dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Vinicio Castillo Semán, valoró positivamente la nueva composición de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), al tiempo que consideró que uno de sus principales desafíos será agilizar los procesos judiciales relacionados con casos de corrupción administrativa, a fin de garantizar que estos concluyan con sentencias definitivas y sanciones ejemplares cuando corresponda.
Castillo Semán sostuvo que la prolongación de los procesos judiciales y la ausencia de condenas definitivas contra funcionarios y dirigentes políticos acusados de corrupción han generado un clima de frustración, desconfianza y descrédito hacia el sistema de justicia dominicano.
Afirmó que, durante las últimas tres décadas, el país ha sido escenario de numerosos procesos judiciales por presuntos actos de corrupción administrativa que, según señaló, no se han traducido en condenas definitivas con cumplimiento efectivo de penas de prisión contra funcionarios o dirigentes políticos.
“El Ministerio Público somete los casos, se estremece la opinión pública, se ordena prisión preventiva contra exfuncionarios y, con el paso del tiempo, una vez obtienen su libertad bajo fianza, los procesos se prolongan indefinidamente y terminan en impunidad judicial. Esa ha sido la triste realidad de los últimos 30 años”, expresó.
El dirigente político manifestó que esta situación ha debilitado la confianza ciudadana en la capacidad del Poder Judicial para sancionar los actos de corrupción administrativa, especialmente cuando involucran a figuras de alto perfil político.
En ese sentido, consideró que el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, Justiniano Montero, junto a los demás integrantes del alto tribunal, tiene ante sí el importante desafío de contribuir al fortalecimiento de la credibilidad institucional y promover una justicia más ágil, efectiva e independiente, respetando las garantías del debido proceso.
“Ese es el gran reto de la nueva Suprema Corte de Justicia: lograr que los procesos de corrupción no se eternicen en los tribunales y que puedan culminar con decisiones judiciales definitivas. La sociedad dominicana necesita recuperar la confianza en que la justicia funciona y que nadie está por encima de la ley”, enfatizó.
Castillo Semán advirtió que la falta de consecuencias judiciales efectivas frente a los actos de corrupción constituye, a su juicio, uno de los principales factores que favorecen la repetición de estas prácticas en las distintas administraciones gubernamentales.
“Sin sentencias condenatorias definitivas contra funcionarios públicos responsables de corrupción administrativa, la impunidad judicial se convierte en el mayor estímulo para que estas prácticas se repitan en cada gobierno. El mensaje que recibe la sociedad es que, sin importar lo que se haga, no habrá consecuencias penales reales”, concluyó.