Puerto Rico.- El Partido Fuerza del Pueblo en Puerto Rico expresó su firme repudio a la intimidación, el uso desproporcionado de la fuerza, las detenciones arbitrarias y el perfilamiento por color de piel, acento u origen nacional, durante operativos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), particularmente de ICE, en comunidades habitadas por inmigrantes de origen dominicano.
La organización indicó que reconoce la facultad federal de aplicar las leyes migratorias, pero exige que se ejerza con legalidad, proporcionalidad y pleno respeto a la dignidad humana, la igualdad y el debido proceso, sin distinción de nacionalidad o condición migratoria.
Manifestó que las intervenciones denunciadas en los sectores de Barrio Obrero, Villa Palmeras, Río Piedras y Puerto Nuevo, en el municipio de San Juan; así como en Canóvanas, Bayamón, Cabo Rojo, Aguadilla, Guayama, Lajas y Toa Baja, incluida la situación relatada en la parroquia San Antonio de Padua, en Río Piedras, suscitan graves preocupaciones por la presencia intimidante de agentes armados, amenazas a observadores y arrestos sin fundamento individualizado.
“Exigimos una investigación independiente, pronta y transparente”, sostuvieron.
Indicaron que sus reclamos se suman a los señalamientos formulados por el Municipio de San Juan, el arzobispo de San Juan y la ACLU de Puerto Rico, sobre intimidación, perfilamiento racial, separación familiar y obstáculos al ejercicio de derechos.
Recordaron que la Primera, Cuarta y Quinta Enmiendas de la Constitución de Estados Unidos protegen, respectivamente, la expresión y documentación pacífica de actos oficiales, la protección frente a registros y detenciones irrazonables y el debido proceso.
“La condición migratoria no elimina estas garantías. Una orden administrativa migratoria, por sí sola, no autoriza el ingreso forzoso a una vivienda sin consentimiento. Ningún ser humano debe ser tratado como sospechoso por el lugar donde vive, su origen nacional, apariencia o su manera de hablar”, agregaron.
“Reclamamos investigar los relatos sobre menores presuntamente utilizados para presionar a sus padres, personas lesionadas sin asistencia médica y hostigamiento a familias. Deben preservarse los videos y demás pruebas, proteger a los afectados y garantizar atención médica”, señalaron.
“Asimismo, exigimos que en los procedimientos migratorios se garantice acceso efectivo a representación legal y a los expedientes del DHS, condiciones dignas de detención, audiencias justas, decisiones fundamentadas y recursos de revisión, sin prejuzgar casos individuales”, expresaron.
Recalcaron que el temor a la detención y a la separación familiar impide a muchas personas trabajar, estudiar, acudir a iglesias y hospitales o solicitar servicios esenciales, y que este daño alcanza también a la economía y a la convivencia social puertorriqueña.
“La comunidad dominicana y las demás comunidades inmigrantes han contribuido por décadas al desarrollo económico, cultural y social de Puerto Rico. Por tanto, instamos al DHS y a sus componentes, especialmente a ICE y a la Oficina de Cumplimiento y Remoción de San Juan (ERO-SJU), a cesar toda práctica discriminatoria o intimidatoria; identificar la base legal individual de sus intervenciones; preservar grabaciones, informes y demás evidencia; investigar las denuncias y rendir cuentas públicamente”, expusieron.
Instaron al Gobierno de Puerto Rico a esclarecer la denunciada entrega de datos de licencias de conducir al DHS y su posible relación con operativos posteriores, y solicitan a municipios, Congreso y organismos de derechos civiles una fiscalización efectiva y apoyo a las familias, sin colaboraciones incompatibles con los derechos fundamentales.
“Llamamos a las autoridades diplomáticas dominicanas y al Cuerpo Consular acreditado en Puerto Rico a defender activamente a sus nacionales, y a las organizaciones comunitarias y a la ciudadanía a documentar y denunciar las intervenciones ilegales de ICE”, expusieron.
“Convocamos especialmente a todos los partidos políticos dominicanos con presencia en Puerto Rico a unirnos en un abrazo solidario, fraterno y comunitario, por encima de banderías políticas, colores partidarios y diferencias ideológicas, en defensa de los derechos de nuestros hermanos inmigrantes dominicanos sin estatus regularizado. Esta causa humana nos une: no pedimos impunidad, sino justicia, legalidad y respeto a la dignidad de todos”, agregaron.
Asimismo, convocaron a las comunidades dominicana y puertorriqueña, iglesias, organizaciones comunitarias y de derechos humanos, colegios profesionales, juristas, comerciantes, estudiantes y a todos los sectores solidarios a participar en una VIGILIA COMUNITARIA PACÍFICA, en repudio a las intervenciones ilegales denunciadas en los lugares donde residen ciudadanos dominicanos y otras personas inmigrantes, y a los arrestos basados en perfiles de color, raza u origen nacional.
“Nos reuniremos el domingo 22 de noviembre, a las 6:00 de la tarde, en la avenida Borinquen, esquina calle San Antonio, en el sector de Barrio Obrero, en una vigilia cívica, pacífica, solidaria y dentro del marco de la ley, en defensa del debido proceso, la igual protección de las leyes, la unidad familiar y el derecho de toda persona a vivir sin temor ni discriminación”.