El jurista presentó la escogencia de Justiniano Montero como un avance para la independencia judicial y expuso seis buenas prácticas dominicanas en materia de recuperación de activos
VIENA, Austria. – La elección de Justiniano Montero Montero como presidente de la Suprema Corte de Justicia fue presentada ante las Naciones Unidas como un avance histórico para la independencia judicial de la República Dominicana, durante una exposición sobre buenas prácticas en la lucha contra la corrupción y la recuperación de activos.
La valoración fue realizada por el doctor Manuel Conde, coordinador del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), durante su intervención del martes 3 de noviembre en una sesión sobre recuperación de activos y cooperación internacional de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC).
“Es un hecho histórico para la República Dominicana: refuerza la seguridad jurídica y la independencia del Poder Judicial”, expresó el abogado, al referirse a la elección de Montero, realizada por unanimidad un día antes por el Consejo Nacional de la Magistratura, presidido por el presidente Luis Abinader.
El jurista destacó que Montero se convirtió en el primer magistrado proveniente de la carrera judicial en ocupar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia desde la implementación del actual sistema de selección, en 2001.
La elección fue expuesta como la primera de seis buenas prácticas dominicanas en materia de recuperación de activos, al considerar que la independencia de los órganos responsables de investigar y juzgar los casos de corrupción constituye un elemento fundamental para garantizar resultados.
En ese contexto, Manuel Conde también resaltó la reforma constitucional de 2024, que atribuyó al Consejo Nacional de la Magistratura la designación del procurador general de la República a propuesta del presidente, así como la elección de Yeni Berenice Reynoso, proveniente de la carrera del Ministerio Público.
Recuperación del patrimonio público
Al abordar los resultados del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, Conde informó que las acciones del Estado como querellante y actor civil han permitido recuperar más de RD$165,000 millones.
Otra de las prácticas presentadas fue la coordinación entre la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República para fortalecer la prevención, investigación y persecución de la corrupción.
Sobre el trabajo de la DIGEIG, dirigida por Milagros Ortiz Bosch, señaló que la institución articula 191 comisiones y oficiales de integridad en distintas entidades públicas.
El representante dominicano también expuso los acuerdos de devolución de recursos bajo control judicial, la aplicación de la extinción de dominio y la administración especializada de bienes incautados. A esto sumó la actualización de los códigos Penal y Procesal Penal como parte de los esfuerzos para enfrentar la corrupción y fortalecer las herramientas legales del Estado.
Conde reconoció, sin embargo, que el país todavía enfrenta desafíos para lograr que los procesos concluyan con sentencias definitivas, ejecutar esas decisiones y recuperar activos que se encuentran en otras jurisdicciones.
Ante ese panorama, planteó la necesidad de fortalecer la asistencia judicial internacional y los mecanismos para el reconocimiento de las decisiones dominicanas de decomiso, indemnización civil a favor del Estado y extinción de dominio.
Delegación dominicana
La participación del país fue coordinada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, por iniciativa de su titular, Milagros Ortiz Bosch, y acreditada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La delegación estuvo encabezada por la embajadora Gilka Meléndez e integrada por Manuel Conde y Mario José Gallego Cosme, primer secretario de la Misión Permanente de la República Dominicana en Viena.
Durante su exposición, Conde defendió la recuperación del patrimonio público como una política de Estado y destacó la importancia de que los recursos sustraídos al país puedan retornar al servicio de la ciudadanía.