El culebrón judicial entre Juan Carlos I y Corinna Larsen se reanudó este martes en el Tribunal Superior de Londres, donde se dirime la demanda por acoso interpuesta por la examante del emérito. Serán cuatro días de vistas en los que se decidirá si la justicia británica tiene competencias jurisdiccionales sobre el caso.
De momento, en esta primera jornada trascendió uno de los secretos mejor guardados: cuánto reclama Corinna al monarca por el presunto daño psicológico sufrido: la cantidad es de 126 millones de libras esterlinas (unos 146 millones de euros).
El proceso civil se halla aún en una fase inicial, a pesar de que Corinna interpuso su demanda en diciembre de 2020. De momento, otro juez británico ya dictaminó que la inmunidad de Juan Carlos I era parcial: solo hasta que fue jefe del Estado. En junio de 2014 abdicó y, por tanto, todas las acusaciones posteriores a esa fecha podrán ser juzgadas.
Ahora, los abogados de Juan Carlos I (ya ha cambiado tres veces de equipo jurídico) quieren argumentar para tumbar el caso que los hechos descritos por Corinna en su extensa demanda no encajan con la definición de acoso en la legislación británica. Además, defienden que el relato de Corinna no tiene ninguna credibilidad y no aporta pruebas suficientes. “La demanda presentada es totalmente incoherente”, señala la defensa del emérito, que defiende que durante el periodo en el que se produjeron las supuestas amenazas, Larsen concedió varias entrevistas en las que hablaba de la buena relación que mantenía con Juan Carlos I.
No hay que olvidar que todo comenzó en 2014, dos años después de la donación de 65 millones que Juan Carlos I hizo a Corinna. El monarca intentó recuperar el dinero, pero no lo consiguió. Corinna señala en su demanda que entonces empezó una campaña de acoso y descrédito contra ella en la que incluso participaron agentes del CNI (los servicios secretos españoles), que la vigilaron en Londres y en Mónaco, intervinieron sus comunicaciones y controlaron sus domicilios.
Juan Carlos I y Corinna (Foto: Sky)
Porque los 65 millones de euros es la clave de todo este meollo. La defensa de Juan Carlos I ha intentado darle la vuelta a la tortilla y recordó este martes en la sesión que Corinna envió tres cartas intimidatorias a la Casa Real de España en las que amenazaba con tirar de la manta si no le ayudaban a poner freno al supuesto acoso. “Una amenaza en toda regla. Un chantaje”. Juan Carlos I quiere que cale en la mente del tribunal que si ha habido un perjudicado, en todo caso ha sido él.
La defensa de Juan Carlos I ha señalado también que la jurisdicción inglesa no es la apropiada para tratar la demanda, porque los supuestos hechos de acoso se cometieron (sí es que se cometieron) en diversos países, por lo que en todo caso debería ser la justicia española quien los juzgara. En España, todas las causas abiertas contra el emérito se han cerrado.
Ansiedad y depresión
Larsen, que estuvo presente en la vista tomando notas, considera que el presunto acoso le provocó ansiedad y depresión, así como pérdida de ingresos en sus negocios por una supuesta campaña para desprestigiarla. Por estas razones, reclama al emérito esa indemnización por los costes de su tratamiento médico de salud mental, por la “instalación de medidas de seguridad personal y servicios diarios de protección” y por la contratación a “exdiplomáticos y exfuncionarios del Gobierno” para que intervinieran con la finalidad de “poner fin al acoso” que dice haber recibido. Este miércoles es el turno de sus abogados.