El presidente de la República, Luis Abinader, emitió el Decreto núm. 84-26, mediante el cual realizó nuevas designaciones en áreas estratégicas del Estado, como parte del proceso de fortalecimiento institucional y mejora de la gestión pública.
La disposición presidencial designa a Rafael Evaristo Santos Badía como ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt). Santos Badía, quien se desempeñaba hasta el momento como director general del Infotep, es licenciado en Derecho por la Universidad de la Tercera Edad (UTE), técnico en Administración de Empresas Cooperativas por la UNPHU, y posee diplomados en Economía Política y Derecho Laboral y Sindical por la UASD, así como en Relaciones Internacionales por la UTE.
Docente y experto del sector sindical y del tripartismo dominicano, cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito legislativo, educativo y de la concertación social. Fue diputado al Congreso Nacional entre 1990 y 1998, integró la Comisión Permanente de Educación de la Cámara de Diputados, participó en el Plan Decenal de Educación y ha sido miembro de órganos directivos del Infotep y del sistema de seguridad social magisterial. Es autor del libro “Treinta años de gremialismo magisterial en la República Dominicana” y ha sido reconocido con la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, grado Caballero, entre otras distinciones.
El referido decreto también establece la designación de Geraldo Espinosa Pérez como contralor general de la República. Espinosa es licenciado en Contabilidad por la UASD, con especialidad de posgrado en Tributos Internos, máster en Gestión Financiera, Presupuesto Público y Política Fiscal, y una maestría en Administración de Negocios (MBA) con concentración en Operaciones por la PUCMM. Posee más de 24 años de experiencia en el sector público, destacándose por la creación e impulso de importantes sistemas de control, gestión financiera y supervisión del gasto público.
La disposición deroga decretos y artículos anteriores vinculados a las funciones ahora reasignadas y fue remitida a las instituciones correspondientes para su conocimiento y ejecución, conforme a las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo.