La ex primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, fue condenada a pena de muerte el lunes por un tribunal especial de Dhaka tras ser hallada culpable de crímenes contra la humanidad relacionados con la represión a una revuelta estudiantil que puso fin a su mandato en agosto de 2024.
El veredicto fue dictado por el juez Golam Mortuza Mozumder ante una sala repleta, mientras se transmitía en directo por la televisión nacional, y precede a las primeras elecciones previstas desde su destitución, programadas para febrero de 2026.
Entre los elementos clave de la noticia figuran la gravedad de los cargos, el contexto político caótico actual y las repercusiones sociales inmediatas en el país surasiático de 170 millones de habitantes.
Según palabras de Mozumder, recogidas durante la audiencia, “todos los elementos constitutivos de crímenes contra la humanidad han sido cumplidos”. El magistrado detalló que Hasina fue encontrada culpable de tres cargos principales: incitación, orden de asesinato y omisión para prevenir atrocidades, por lo que solo cabía dictar una sentencia: la de muerte, que en Bangladesh se ejecuta por ahorcamiento.
Junto a Hasina, el ex ministro del Interior Asaduzzaman Khan Kamal, quien también permanece prófugo, fue condenado a muerte hallado culpable de cuatro cargos dentro del mismo proceso. El ex jefe de la policía, Chowdhury Abdullah Al-Mamun, que se encontraba presente y se declaró culpable, fue sentenciado a cinco años de prisión tras actuar como testigo estatal contra Hasina.
El proceso, seguido durante meses y con la principal acusada ausente —resguardada en India desde que huyó en helicóptero luego de que manifestantes asaltaran su residencia en agosto de 2024—, estuvo marcado por tensiones y críticas. Hasina, a través de un abogado designado por el Estado y en declaraciones divulgadas desde su escondite en territorio indio, catalogó el fallo como “parcial y motivado políticamente”, asegurando que “el veredicto de culpabilidad era una conclusión previsible”.
En otro comunicado conocido el lunes, sostuvo que ella y Kamal “actuaron de buena fe, intentando minimizar la pérdida de vidas” y que perder el control no implicaba premeditación de crímenes contra la ciudadanía.
Según un informe emitido en febrero por Naciones Unidas, hasta 1.400 personas murieron durante la represión de julio y agosto de 2024, mientras el país permanecía en vilo ante la escalada de violencia que acompañó la caída del gobierno liderado por Hasina. El actual asesor de salud del gobierno provisional, bajo la dirección de Muhammad Yunus —Premio Nobel de la Paz que asumió como líder interino tras la destitución—, estimó la cifra de víctimas en más de 800, con alrededor de 14.000 heridos.
La respuesta policial y militar al fallo fue inmediata. Las inmediaciones del tribunal fueron acordonadas por fuerzas de seguridad, incluidos vehículos blindados y miles de agentes desplegados por la capital. En el contexto de los días previos al veredicto, se registraron al menos 50 ataques incendiarios y varias explosiones de artefactos caseros, principalmente dirigidos contra vehículos, edificios relacionados con el gobierno interino y lugares cristianos. Dos personas fallecieron en estos incidentes, según medios locales.
Hasina no puede apelar la condena, salvo que se entregue o sea arrestada en los 30 días siguientes a la sentencia, una posibilidad considerada remota, ya que el gobierno de India no ha respondido a las solicitudes de extradición formuladas por Daca. El gobierno provisional ha prohibido también toda actividad del partido Awami League, al que pertenecía Hasina, profundizando la crisis política. La propia ex mandataria advirtió que el veto a su formación agudizaba la inestabilidad antes de los próximos comicios.
El clima social y político continúa deteriorándose tras la caída de Hasina, con brotes de violencia relacionados con las campañas previas a las elecciones. Muhammad Yunus, al frente del ejecutivo interino, prometió castigar a los responsables de los crímenes y aseguró que el partido de Hasina no podrá participar en la próxima cita electoral.
Tanto familiares de las víctimas como simpatizantes del partido prohibido se reunieron en las inmediaciones del tribunal para escuchar el fallo, mientras los seguidores de Hasina convocaron a un paro nacional en rechazo a la sentencia.