El Colegio Dominicano de Notarios (CODENOT) y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) firmaron un acuerdo de colaboración que permitirá al Estado dominicano verificar en tiempo real si un notario está habilitado para intervenir en procesos de compras públicas, una medida orientada a fortalecer la transparencia y la seguridad jurídica en las licitaciones estatales.
El convenio fue firmado en la sede de gremio profesional, por su presidente, Jhon Richard Paniagua Feliz y el director general de la DGCP, Carlos Ernesto Pimentel Florenzán, y quienes destacaron que con este acuerdo las instituciones públicas podrán consultar de manera digital el estatus de los notarios activos, suspendido o inhabilitado antes de su participación en procesos de contratación.
El presidente del CODENOT, Paniagua Feliz, afirmó que la alianza representa un paso decisivo para fortalecer el rol del notariado en la supervisión de los procesos estatales.
“A partir de hoy cambia la historia del notariado frente al Estado dominicano, porque con este acuerdo se podrá verificar quién tiene calidad para actuar como notario en los procesos públicos y cerrar la puerta a irregularidades que por años afectaron la seguridad jurídica”, expresó.
De su lado, el director general de la DGCP, Pimentel Florenzán, precisó que “por primera vez tendremos acceso digital a la base de datos del Colegio de Notarios para verificar en tiempo real el estatus de los notarios que intervienen en los procesos de contratación. Esto cierra la puerta a que procesos oficiales sean validados por auxiliares de la justicia que no estén debidamente habilitados”, afirmó Pimentel durante el acto de firma.
El funcionario explicó que el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones administra cerca del 32 % del presupuesto nacional, con más de 120,000 proveedores registrados y unas 670 unidades de compra públicas, lo que convierte al notariado en un actor clave para garantizar la legalidad y la transparencia de los procedimientos.
El acuerdo establece además la estandarización de los actos notariales vinculados a las licitaciones públicas, especialmente en la certificación de apertura de ofertas, con el objetivo de eliminar discrecionalidad en los documentos y garantizar mayor seguridad jurídica en los expedientes administrativos.
El convenio también contempla la implementación de la firma digital notarial, prevista para entrar en operación en julio de 2026, conforme a la Ley 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firma Digital y a las disposiciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia, lo que permitirá avanzar hacia la digitalización de los actos vinculados a las contrataciones del Estado.
Asimismo, ambas instituciones crearán una Mesa Técnico-Legal encargada de elaborar protocolos, instructivos y programas de capacitación para los notarios que participen en procesos de contratación pública, en el marco de la Ley 47-25 sobre Contrataciones Públicas y la Ley 140-15 del Notariado Dominicano.
El acuerdo tendrá una vigencia inicial de dos años y busca consolidar un sistema de compras públicas más transparente, digital y confiable para la ciudadanía dominicana.