- Ciudadana vicepresidenta constitucional de la República, Raquel Peña
- Ciudadanos presidentes del Senado de la República, Ricardo de los Santos Polanco, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco Osoria.
- Juez presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Magistrado Napoleón Ricardo Estévez Lavandier.
- Distinguidas autoridades constitucionales de nuestra Nación.
- Magistradas y magistrados de la Suprema Corte de Justicia; juezas, jueces y servidores judiciales que integran el Poder Judicial.
- Representantes del Ministerio Público.
- Director de la Defensa Pública, licenciado Rodolfo Valentín.
- Expresidentes de la Suprema Corte de Justicia, magistrados Jorge Subero Isa y Mariano Germán Mejía.
- Excelentísimas embajadoras, embajadores e integrantes del cuerpo diplomático acreditados en el país.
- Distinguidas invitadas e invitados especiales.
- Damas y caballeros, conciudadanos.
Introducción: justicia, el escudo que nos protege
Este Día del Poder Judicial nos reunimos para reflexionar sobre los logros que hemos alcanzado y sobre los desafíos que aún debemos superar.
La versión completa de nuestro Himno Nacional, que acabamos de escuchar, encierra una frase profundamente significativa:
“Que es santuario de amor cada pecho do(nde) la patria se siente vivir y es su escudo, invencible, el Derecho.”
Este verso nos recuerda que el Derecho no solo resuelve conflictos, sino que protege nuestra convivencia. La justicia es un principio y una labor profundamente humana que guía cada acción del Poder Judicial para construir cohesión social y esperanza.
Hoy renovamos nuestro compromiso con los valores esenciales que fortalecen nuestra democracia, para que la Justicia pueda ser ese escudo invencible que protege la dignidad y la libertad de cada persona en nuestra nación.
Cuando asumimos esta tarea, sabíamos que no sería fácil. Partíamos de la imperiosa necesidad de responder a las demandas de la sociedad, considerando las condiciones de la institución y la imprescindible valoración de la independencia y la carrera judicial como pilares fundamentales para garantizar un sistema de justicia robusto, eficiente y digno de confianza.
En ese camino ha sido y seguirá siendo prioridad continuar dignificando el rol del principal activo del Poder Judicial, nuestros jueces y servidores judiciales, con políticas que mejoren su bienestar y sus condiciones de trabajo para transformar la organización.
Hoy, cinco años y nueve meses después hemos dado pasos significativos. Con un gran esfuerzo de trabajo de todos los integrantes del Poder Judicial, ha aumentado en eficiencia y eficacia nuestra labor. Además, estamos optimizando procesos, reduciendo la mora judicial y construyendo una justicia más accesible y cercana. Pero también sabemos que queda mucho por hacer.
Justicia al día: venciendo la mora, centrados en las personas
El mayor desafío que enfrentamos es la mora judicial. Hay cientos de historias que ilustran la desesperanza e incertidumbre que generan los casos pendientes. Por ejemplo, una madre en Puerto Plata cuya humilde casa fue destruida por un incendio, esperó 13 años para que se resolviera su caso. Trece largos años de angustia de no saber si recibiría justicia ni cómo reconstruir su vida.
La mora judicial es y ha sido un reto existencial para la justicia y la sociedad, pero estamos transformando esa realidad. Hoy, historias como esta son cada vez menos frecuentes.
El avance en la Suprema Corte demuestra que la justicia al día es posible. De los 11,268 casos ingresados en 2023, el 98% ya fue resuelto, con solo 561 pendientes entre las salas, aún cuando la Primera Sala era la que más casos tenía pendientes en 2019 y a pesar de un incremento considerable por el ingreso de nuevos recursos a la Tercera Sala.
- Además, del total de 9,292 casos ingresados en 2024, ya se resolvió el 48%. La Segunda Sala Penal no tiene ningún caso pendiente del 2023 y ha ido más allá resolviendo todos los casos en un plazo máximo de seis meses. Recordando que en 2019 existían casos esperando decisión desde 1982.
La Suprema Corte de Justicia ha solucionado 47,986 casos entre junio de 2019 y noviembre de 2024.
La nueva Ley 2-23 sobre recurso de casación sienta las bases para garantizar coherencia normativa al establecer el interés casacional. Fortalece la seguridad jurídica, pilar de nuestro Estado de Derecho. También ha establecido un mecanismo para reducir de 2 años a 27 días promedio el plazo para completar un expediente y tramitar a la sala correspondiente para ser decidido. Igualmente, el artículo 78 de dicha Ley incorpora la prohibición del tercer reenvío de recursos a las Cortes de Apelación, permitiendo que la Suprema Corte conozca el caso de manera definitiva.
Todas estas medidas evitan que queden rezagados recursos por inactividad de las partes, fomentan la unificación de criterios de interpretación legal a nivel nacional y ponen fin a una larga tradición de procesos que resultaban en una espera interminable.
La disciplina y eficiencia se extienden a todos los tribunales. Con la dedicación y esfuerzo de nuestras juezas, jueces y servidores judiciales, a diciembre de 2024, las Cortes de Apelación pasaron de un 37% al día a un 72%. Los tribunales de Primera Instancia, de un 24% a un 64%. Y los Juzgados de Paz, de 53% al 91%. De un total de 696 tribunales, 508 están al día. Es decir, al cierre del 2023 solo el 30% estaba al día. Hoy, un 73% de los tribunales a nivel nacional están libres de mora.
Cada tribunal, cada jueza y juez, cada servidor judicial, ha contribuido a esta transformación. Demostrando que la justicia al día es posible si trabajamos unidos, con compromiso y entrega. Su esfuerzo es un trabajo constante que se ha mantenido en el tiempo. Por eso, para cada una de las juezas, jueces y servidores del Poder Judicial de la República Dominicana, pido un fuerte aplauso.
En este 2025 pondremos especial atención al avance contra la mora en los tribunales en situación más crítica. Priorizando las jurisdicciones penal e inmobiliaria, sobre todo en los lugares de mayor densidad poblacional.
En la Jurisdicción Penal: debemos superar el pasado, sus barreras y limitaciones sistémicas. Tenemos un gran reto, el 44% de los tribunales penales están en atraso. Transformar la cultura es urgente, pues el sistema penal representa el 48% de los casos judiciales del país.
Es necesario continuar incentivando la implementación de acuerdos o soluciones alternas de conflictos entre las partes, reduciendo la cultura litigiosa y sus prácticas dilatorias contrarias a la ética procesal. Mejorar la operación del proceso previo a juicio y la ejecución de sentencias. También, establecer la interoperabilidad entre los actores del sistema, así como lograr alternativas al cumplimiento de penas privativas de libertad en casos que la ley lo permita.
En el ámbito inmobiliario se ha logrado avanzar y mantener la modernización para la eficiencia. Iniciativas como el Servicio de Alertas Registrales, para prevenir irregularidades, o la nueva Oficina de Servicios en el Distrito Nacional, representan importantes mejoras en la atención.
Igualmente, el Programa de Vectorización Cartográfica pone a disposición para consulta 165 mil planos históricos. Se ha fortalecido la Red Geodésica Nacional, con cinco nuevas estaciones de referencia. Ahora, debemos reconocer que también persisten los atrasos en 27 tribunales de la jurisdicción inmobiliaria. Otro reto relevante que estamos afrontando.
En definitiva: sí, tenemos motivos para el optimismo. El avance es notable. Sin embargo, debemos ser claros: no estamos conformes. El gran desafío de la mora persiste. No descansaremos hasta que ninguna persona tenga que vivir en la incertidumbre por falta de justicia. Ese es nuestro compromiso.
Estamos construyendo un sistema judicial eficiente, accesible, que se pone en el lugar de las personas.
Transformación digital: justicia accesible, abierta y eficiente
La transformación digital es uno de los principales aliados para alcanzar una justicia abierta. Nos permite hacer mejor nuestro trabajo y enfocarnos en lo realmente importante: servir a la gente.
Hoy, el 100% del Poder Judicial opera con firma digital, con mayor rapidez y seguridad. El próximo reto es que los demás actores y usuarios del sistema se integren.
Actualmente, más de 6,000 usuarios pueden gestionar casos y realizar trámites a través del Portal de Acceso Digital. Es un paso trascendental para el acceso a la justicia que los usuarios del sistema puedan consultar y gestionar sus expedientes en línea en la Primera y Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en el Tribunal Superior Administrativo y en todos los tribunales civiles. Su expansión continuará por todo el territorio y todas las materias, permitiendo audiencias virtuales, a excepción de las penales (por ahora).
Históricamente las sentencias de la Suprema Corte de Justicia se publicaban, en su mejor momento, con dos o tres meses de atraso, dificultando el acceso oportuno. Este año las decisiones estarán disponibles al público inmediatamente. Tendremos en línea, a disposición de la sociedad, tanto el Boletín Judicial como las decisiones de todos los tribunales del país, en un registro único de sentencias. Esto consolida un legado de justicia abierta y transparente.
La Escuela Nacional de la Judicatura puso en marcha en 2023 el Anuario de Jurisprudencia. Distintos juristas comentan con autonomía una selección de sentencias, aportando a un diálogo constante de la comunidad jurídica con la corte de casación.
La creación de la Cátedra Jorge A. Subero Isa, centrada en la innovación judicial, y la Juriteca, la primera base de conocimiento jurisprudencial del país aporta a garantizar que cada decisión judicial se base en los más altos estándares de calidad y rigor.
Ética y transparencia: bases de la confianza judicial
La transparencia es la piedra angular de un sistema judicial legítimo. La ética y la rendición de cuentas son fundamentales para consolidar una relación de confianza con la sociedad. La entereza de las juezas y jueces en cada decisión y la capacidad de comprobar la correcta aplicación del Derecho, refuerzan la independencia del sistema judicial. En este sentido, se han dado importantes pasos en los últimos cinco años, lo que aportó a que el país avance ocho posiciones en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project.
La República Dominicana ha mejorado su confianza en la justicia, incrementando en 4 puntos desde 2020, según el Latinobarómetro 2024. Este avance sitúa al país por encima de países como Brasil, Chile, Colombia y Panamá, siendo superada únicamente por Uruguay y Costa Rica en la región.
La digitalización juega un papel clave en la trazabilidad de los procesos. La tecnología y su transparencia nos ayudan a superar un sistema judicial distante y acercarlo a la gente.
Sin embargo, la transparencia no puede existir sin un compromiso con la ética. Por eso incorporamos el Comité de comportamiento ético a la Suprema Corte de Justicia. Esto propicia desde el más alto tribunal un modelo de juez y servidor judicial.
Todas estas transformaciones tienen un mismo norte: confianza, confianza… confianza.
Justicia global: un motor para el desarrollo y la democracia
República Dominicana, como séptima economía de América Latina, está consolidando su posición global. Desde el Poder Judicial impulsamos una agenda internacional que ha fortalecido nuestra capacidad técnica, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Rama Judicial de Puerto Rico, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, de los EE. UU. (INL) y el Centro Nacional para Cortes Estatales (National Center for State Courts).
Del 14 al 16 de mayo, seremos sede de la XXII (vigésima segunda) Cumbre Judicial Iberoamericana. Un espacio estratégico para impulsar políticas y buenas prácticas por el desarrollo de la independencia y la imparcialidad judicial, que fortalecen la democracia y el Estado de Derecho frente a los retos actuales en la región.
Justicia para las personas: un modelo inclusivo y participativo
Al superar el 5to año de trabajo nos propusimos una amplia mirada al presente y futuro de nuestra justicia. Un proceso de consultas que nos ha permitido poner el oído en el corazón de la organización judicial, pero sobre todo de la sociedad.
En los próximos 12 meses, será ejecutado un Plan Nacional de Infraestructura Judicial, para su dignificación efectiva. Cada sede judicial contará con mejoras visibles, priorizando los servicios en aquellas de mayor flujo.
Pondremos aún mayor atención al sistema penal. La mora y las barreras en la aplicación de sentencias son problemas que requieren soluciones urgentes y sostenibles. Para superar el estado de cosas actual se requiere hacer más. La atención a los principales tipos penales necesita una visión interinstitucional que afronte estos retos como un problema de Estado. Hablamos principalmente de delitos relacionados con violencia contra la mujer, drogas y robos.
Profundizar la modernización de la justicia exige una reforma legislativa integral que permita, a través de lo digital, la organización territorial y la optimización de los procesos. Una reforma inspirada en modelos eficaces, construida sobre amplios consensos y enfocada en las necesidades de la gente.
Es imprescindible que actuemos con plena conciencia de que la justicia es un eje transversal que impacta todas las áreas fundamentales para nuestro desarrollo como sociedad.
Para continuar fortaleciendo la independencia judicial, se implementarán auditorías externas para los procesos de selección y promoción de jueces. Esto suma mayor certeza a los esfuerzos ya logrados en materia de integridad e independencia. Al mismo tiempo, reforzaremos el sistema de integridad y ética.
Por último, seguiremos trabajado para ser un ejemplo de transparencia y rendición de cuentas, publicando informes trimestrales sobre los avances de todos los compromisos asumidos, asegurando que la ciudadanía tenga acceso directo a los resultados de nuestras acciones.
Sobre la base de estas medidas, y otras que serán fruto del actual proceso de diálogo, tendremos una visión del camino que deberá seguir la justicia de los próximos 10 años. Un modelo de justicia que priorice la participación activa de la comunidad y de todos los sectores del país.
La Justicia: escudo del estado de derecho y la institucionalidad democrática
Nuestro himno nacional contiene claves históricas y simbólicas para identificarnos, para reconocernos y encontrar en conjunto razones para la convivencia y la construcción de un proyecto compartido. Una de ellas, la más importante quizás para la tarea que nos convoca como Poder Judicial y como compromisarios de los valores republicanos, es el verso ya mencionado que dice: es su escudo invencible el Derecho…
El futuro de nuestro país, de su estabilidad, su crecimiento, su rumbo hacia el desarrollo, es posible si somos capaces de vivir en coherencia y armonía con los principios, las normas e instituciones que emanan de la Constitución y las leyes.
Solo así tienen sentido y razón de ser las grandes transformaciones que estamos logrando y las muchas que faltan por alcanzar. Son la garantía de que la libertad, la igualdad y la solidaridad, pueden sostener la dignidad de las personas en nuestra República Dominicana.
¡Justicia, paz y salud para todas y todos!
Muchas gracias.