La implementación de una política de «compras verdes» y la adopción de los criterios medioambientales establecidos en la nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas representan una oportunidad económica para el país, afirmó Kathia Mejía, directora ejecutiva de la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored).
Durante su participación en el Foro de Contratación Pública, Mejía destacó que las adquisiciones sostenibles del Estado pueden ser un motor económico que incentiva la innovación empresarial y abre nuevos nichos de mercado para proveedores con prácticas responsables, que no es solo un compromiso ambiental, sino también un mecanismo de competitividad económica.
En el panel «Compras verdes: conectando políticas públicas con el desarrollo sostenible», Mejía explicó que, si el Estado prioriza productos y servicios con criterios de sostenibilidad, se genera un efecto multiplicador en las cadenas de valor, estimulando inversiones, empleo y desarrollo de capacidades en las empresas locales.
Manifestó que, sin embargo, la oferta sostenible, aunque existente, enfrenta un «techo de cristal» en las compras públicas: la falta de criterios homogéneos y la priorización exclusiva del precio son las principales barreras.
Entre los desafíos que enfrentan las empresas se encuentran las limitaciones técnicas en la administración pública, ya que muchos comités de compras no cuentan con capacitación para evaluar atributos como la huella de carbono o la eficiencia energética.
Además, dijo que los productos sostenibles suelen tener costos iniciales más altos que los pliegos de licitación no reconocen a pesar de los ahorros futuros en energía, agua o salud. También existe una fragmentación normativa que crea inseguridad y dificulta que las empresas dimensionen el mercado potencial.
“Para superar estas barreras, Ecored propone tres ejes de acción, el primero, se necesita una normativa robusta y criterios claros que incorporen de manera obligatoria la sostenibilidad en sectores de alto impacto, homologando certificaciones reconocidas, como por ejemplo la ISO 14001 y la Energy Star; segundo, se deben crear programas de capacitación para compradores públicos y desarrollar manuales prácticos con ejemplos concretos.
Agregó que se deben crear incentivos para la innovación en el mercado, como un catálogo nacional de proveedores sostenibles y reconocimientos a las instituciones que lideren en compras verdes.
La directora de Ecored concluyó que las compras verdes no deben ser vistas como un costo adicional, sino como una inversión inteligente. «El Estado, al liderar con criterios sostenibles, no solo reduce su impacto ambiental, sino que también envía una señal clara al mercado: que la innovación, la eficiencia y la responsabilidad empresarial tienen valor», señaló Mejía.
El panel «Compras verdes: conectando políticas públicas con el desarrollo sostenible» fue moderado por María del Pilar Peña, encargada de compras inclusivas y sostenibles de la DGCP, y tuvo como panelistas, además de Kathia Mejía, a los especialistas Iván Cruz y Rosanna Arias.
Este fue realizado con el objetivo de reflexionar sobre el papel transformador de las compras públicas para el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana, a través de la nueva Ley de Contrataciones Públicas 47-25.